El Senado aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen para castigar con hasta 42 años de cárcel a extorsionadores y sus cómplices en México. El proyecto endurece lo que originalmente planteó la Cámara de Diputados, con 15 años como pena máxima.
La nueva ley, que volverá a la Cámara de Diputados para su aprobación de trámite, establece la homologación del delito en las 32 entidades del país. Y se perseguirá por oficio en sus 30 agravantes. Ya no serán necesarias las denuncias.
En México las extorsiones aumentaron por ciento en los últimos 10 años un 82 %, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al pasar de 3 mil 751 casos denunciados en julio de 2015 a 6 mil 850 casos denunciados durante 2025 hasta le mes de julio.
El 66 % de los casos se concentran en CDMX, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Veracruz, que acumulan en conjunto casi 5 mil carpetas de investigación.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunciada por el gobierno federal, está basada en cinco ejes: generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación; e implementar una campaña de prevención nacional.
Los reclamos del sector empresarial y de los ciudadanos que sostienen algún comercio o negocio fueron escuchados finalmente ante el avance y la impunidad en este delito en México, donde el ‘cobro de piso’ se había vuelto algo ‘normal’
En julio pasado la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que finalmente ha sido aprobada y que en breve será puesta en marcha.
La estrategia contra la extorsión considera el bloqueo de líneas telefónicas vinculadas y cuentas bancarias para depósitos vinculadas a este delito, además de programas de capacitación para empleados de bancos, tiendas u hoteles para identificar llamadas y depósitos vinculados con extorsionadores, y un mayor control en las prisiones, con operativos sorpresa de cateos, para evitar el uso de teléfonos celulares entre los presos.
Eventualmente, con la entrada de nuevas reformas que obligan a vincular la nueva CURP biométrica -que ya es obligatoria- para poder recibir servicio de telefonía móvil e Internet, el control contra los extorsionadores telefónicos será más efectivo.
Las sanciones mínimas para la extorsión van de 15 a 25 años, y las máximas hasta los 42 años según serán las agravantes -uso de armas, violencia, etc.-. También obtendrán prisión funcionarios que omitan denunciar este delito.
El diputado Ricardo Monreal, líder del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, ha ofrecido que el dictamen que devuelva el Senado con las modificaciones será aprobado tal como quedó.
- Fotos: Especial/Cuartoscuro
