La liberación de ocho militares involucrados en el Caso Ayotzinapa, por parte de un tribunal federal, provocó un nuevo choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra Norma Lucía Piña, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

AMLO aseguró que detrás de la liberación de los militares involucrados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, hay un “interés político” del Poder Judicial al tratar de desprestigiar el Ejército.

“Sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del Presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”, expuso la Secretaría de Gobernación en un comunicado oficial, la noche del lunes.

Ayer, López Obrador reveló que se había enviado una carta a la Ministra Piña donde le advertía del riesgo de dejar en libertad a los ocho militares.

“¿Cuál es la excusa de siempre? Que no se integraron bien las averiguaciones (…) buscan dos cosas: una, el desprestigio al Ejército, ¿por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida.

“(Y ) hacerme quedar mal, pero yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo y les vamos a irles explicando poco a poco porque es una maraña que dejaron y siguen”, tronó AMLO ayer.

Después de las declaraciones de AMLO, María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, dio a conocer en redes la carta que se envío a la Ministra Piña el pasado 12 de diciembre de 2023, para quejarse contra la eventual libertad de ocho militares involucrados en el Caso Ayotzinapa.

Grosso modo se rechaza la resolución de los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López, y Horacio Armando Hernández Orozco como ponente, del 30 de noviembre de 2023 a la causa penal 1/2023.

“Cabe señalar que la ejecutoría no ha sido formalmente notificada. En consecuencia determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa:

“Subtte. Omar Torres Marquillo, Sgto 2º Roberto de los Santos Eduviges, Sgto 2º Ramiro Manzanares Sanabria, Sgto 2º Juan Andrés Flores Lagunas, Sgto 1º Gustavo Rodríguez de la Cruz, Cabo Uri Yashiel reyes Lasos, Cabo Eloy Estrada Díaz, Cabo Juan Sotelo Díaz.

“Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”, señala la carta.

AMLO ordenó a la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, hacer pública la carta enviada a la Ministra Piña; lo cual ocurrió para difundirse en redes sociales

El Caso Ayotzinapa cumplió 9 años sin resolución y lejos de clarificarse en el gobierno de AMLO se ha enturbiado, lo mismo que ocurrió bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto; hasta el momento no se sabe dónde quedaron los 43 estudiantes, además que el Ejército, que está involucrado en la desaparición forzada, se niega a colaborar para esclarecer el caso.

Ayer también la Fiscalía General de la República (FGR) se montó en el Caso Ayotzinapa al solicitar 82 años de prisión para esús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR-.

El exProcurador enfrenta un proceso penal por el Caso Ayotzinapa, donde se le acusa de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por los 43 de Ayotzinapa, lo que le llevó a permanecer un año y tres meses en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

A Murillo Karam se le concedió la prisión domiciliaria desde noviembre de 2023, aunque aún permanece en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco por otro proceso penal donde se le acusa de tortura contra Felipe ‘El Cepillo’ Salgado, sicario del grupo de narcos Guerreros Unidos, a quien la PGR culpó en su momento como responsable de la desaparición de los estudiantes.

El caso de Murillo Karam se preveía que sería desahogado este miércoles, pero un Juez federal aplazó hasta el mes de abril la audiencia, provocando polémica.

Hasta el momento, de acuerdo al conteo oficial, se han liberado a 62 involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, además de que algunos exfuncionarios involucrados en el caso, como Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hoy exiliado en Israel, permanecen libres.