Diputados de Morena, PVEM y PT avalaron en lo general, por mayoría de votos en la Cámara de Diputados, un dictamen con reformas a la Ley de Amparo que busca inhabilitar al Poder Judicial para que eche abajo las leyes inconstitucionales aprobadas por el Poder Legislativo, como ocurre ahora.

En contraparte, diputados de oposición calificaron de ‘revancha legislativa’ esta acción anticipando que combatirán esta reforma, como otras antes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea declarada inconstitucional.

Ante la recurrente inconstitucionalidad de muchas leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que han sido suspendidas o declaradas inconstitucionales, ahora Morena y sus aliados reformaron la Ley de Amparo buscando prohibir que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de leyes, en ninguno de los casos aunque se dicte una suspensión por la SCJN, podrán echar abajo cualquier ley que sea aprobada por la Cámara de Diputados.

AMLO ha recibido varios reveses del Poder Judicial al echarse abajo su intención de militarizar la Guardia Nacional -algo inconstitucional-, así como la gran mayoría de las reformas del llamado ‘Plan B’, que desde su origen violaron la Constitución, pues la reforma era retrograda, autoritaria y pretendía la desaparición del INE para que el gobierno vuelva a organizar las elecciones -como en los peores tiempos del PRI-, además de echarse abajo la reforma eléctrica. entre otros casos.

“Quieren dejarnos desprotegidos frente al régimen, porque pretenden perpetuar el abuso y la ilegalidad y porque la razón y la verdad están de nuestro lado y hoy su mayoría impone esta nueva injuria. Nos veremos en la Suprema Corte de Justicia”, espetó desde la tribuna la diputada panista Lizbeth Mata Lozano, anticipando que se promoverá una acción de inconstitucionalidad la ante la SCJN.  

El dictamen de reforma a la Ley de Amparo fue avalado en lo particular por 254 votos a favor de Morena, PVEM y PT, mientras que PAN, PRI, PRD y MC lograron 205 votos en contra; y quedaron más de 80 reservas sin discutirse

El pleito político entre Norma Piña, titular del Poder Judicial, y AMLO, titular del Poder Ejecutivo, se ha trasladado al Poder Legislativo donde Morena que tiene mayoría con sus aliados PVEM y PT, busca cobrar venganza ahora con las reformas a la Ley de Amparo.

Apenas el pasado 17 de abril, el Senado aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo con 69 votos a favor de Morena, PVEM y PT, frente a los 42 en contra de senadores del PAN, PRI, PRD y MC.

“Los límites que ahora estamos estableciendo en la Ley de Amparo son, precisamente, para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces de amparo, que se pronuncian no sólo otorgando la suspensión que ese es su deber y su derecho, sino para efectos generales que distorsionan la naturaleza jurídica del amparo”, defendió en su momento el senador morenista Ricardo Monreal, luego de la aprobación de su iniciativa en el Senado.

Para atemperar los reclamos de la oposición, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que su partido buscará que toda ley que sea declarada inconstitucional por la SCJN pueda ser revocada con el voto de las dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados.

“Es buena para la división de Poderes, para la certeza del estado de Derecho en México, para el orden de la República, para que el instrumento de defensa de los derechos humanos y de la Constitución, que es el amparo, se preserve, pero que no se use con fines políticos partidarios (…)

“La interpretación judicial se ha dado a sí misma facultades que no están en el Derecho mexicano (….) se trata de quitar una discrecionalidad enorme a los jueces de amparo para brincarse las infracciones al interés social y al orden público que están en la propia Ley de Amparo”, expuso el Diputado Robledo.

Entre gritos de rechazo de diputadas y diputados de oposición portando pancartas con la leyenda #JusticiaparaTodos, el dictamen de la Ley de Amparo avalado en la Cámara de Diputados en lo general, fue remitido al Poder Ejecutivo con más de 80 reservas contra los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo vigente, así como a los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana.