La Corte Suprema de Estados Unidos, decidirá hoy si el expresidente republicano Donald Trump puede o no competir como candidato presidencial este año, luego que fue sacado de la boleta de las elecciones primarias en Colorado por la corte local.

Este fin de semana los magistrados de la Corte Suprema -de mayoría conservadora y afín a Trump- decidieron aceptar la apelación del expresidente, quien busca ser nominado otra vez para competir nuevamente contra el actual presidente demócrata Joe Biden.

La Corte Suprema, en un breve comunicado, informó que admitió el caso para darle trámite. Y este lunes los nueve jueces -seis de ellos conservadores- realizarán una audiencia para escuchar los argumentos de las partes, a fin de dar su veredicto.

Apenas el pasado 19 de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Colorado decidió prohibir a Trump aparecer en las boletas de las elecciones primarias del Partido Republicano, al considerar que fue parte activa del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2020, azuzando a una turba de seguidores tras señalar un fraude inexistente.

Trump fue derrotado por Biden en las elecciones presidenciales de 2019 y desde al año pasado enfrenta cuatro juicios por fraude fiscal, el asalto del Capitolio, llevarse documentos clasificados y tratar de alterar el resultado de las elecciones

Trump sigue envuelto en asuntos judiciales en vísperas del arranque de las elecciones primarias republicanas, y rumbo a las elecciones presidenciales.

Después de la decisión judicial en Colorado, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, también vetó a Trump para aparecer en las boletas de las elecciones primarias republicanos en el estado.

Lo ocurrido en Colorado y Maine ha motivado este fin de semana a cinco votantes para presentar una demanda ante la Corte Suprema de Illinois, a fin de que se excluya a Trump de las elecciones primarias republicanas que se celebran en marzo en este estado. Lo mismo ocurrió en Massachusetts.

Ambas peticiones, son similares a las presentadas en más de una docena de otros estados, y se basan en la 14ª Enmienda de la Constitución, que prohíbe ocupar un cargo a cualquier persona que previamente haya prestado juramento de defender la Constitución y luego haya “participado en una insurrección o rebelión” contra el país o dado “ayuda o consuelo” a sus enemigos, según registra la agencia AP.