‘En Guanajuato no hay espacio para agresores ni acosadores’: Libia
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La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó en su programa en redes ‘Conectando con la Gente’, los detalles de las tres iniciativas que refuerzan la protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes en Guanajuato. Las penas van de 2 a 12 años de prisión para acosadores y violentadores.
“Cuando se comete un delito sexual, las víctimas cargan con las consecuencias para toda su vida; por eso los agresores también deben enfrentar consecuencias permanentes. Este gobierno no va a permitir que vuelvan a poner en riesgo a nuestras hijas e hijos”, enfatizó Libia.
Para concreta esa policía de ‘cero tolencia’ al acoso sexual y la violencia se plantea en una primera iniciativa la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, un sistema que permitirá identificar a quienes tengan sentencia por delitos sexuales.
El sistema será de consulta obligatoria en instituciones educativas, sociales y laborales antes de realizar contrataciones, y contempla cambios clave: que estos delitos no prescriban, evitar la revictimización y obligar al Estado a adoptar medidas de prevención en escuelas y familias.
“En el servicio público no cabe la violencia sexual. Aquí debe prevalecer la ética, la probidad y el respeto a los derechos humanos. En Guanajuato hay ‘cero tolerancia’ al acoso”, subrayó la Gobernadora
Aspecto de la participación de Libia y sus invitados en el programa en redes ‘Conectando con la Gente’.
La segunda iniciativa corresponde a una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar, que endurece las sanciones: de 1 a 6 años pasa a un rango de 2 a 9 años de prisión, con multas de hasta 90 días; y en casos agravados, la pena podrá alcanzar de 3 a 12 años.
La propuesta elimina beneficios procesales que favorecían la reincidencia, suprime la exigencia de violencia física como condición para la persecución de oficio y deroga el artículo 221-B, con lo cual se cierran vacíos legales y se garantiza mayor protección a las víctimas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, la tercera iniciativa propone la adición del artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con lo que el acoso sexual cometido por servidores públicos se tipifica como falta administrativa grave. Esto permitirá sanciones severas, incluida la destitución del cargo, y armoniza la legislación estatal con tratados internacionales para consolidar entornos laborales seguros, incluyentes y libres de violencia.
En esta edición de ‘Conectando con la Gente’, participaron Itzel Balderas Hernández, secretaria de las Mujeres, Arcelia González González, secretaria de la Honestidad, y Alejandro Sierra Lugo, consejero jurídico del gobierno estatal.
