Los inmigrantes viven una oleada de terror provocada por la ‘cacería’ que ha comenzado contra ellos por orden del presidente norteamericano Donald Trump.

California vive desde hace días una serie de redadas donde al menos 150 personas indocumentadas han sido detenidas, en tres días,  por agentes federales, según reportan diversos medios internacionales.

Bajo el argumento de que son sospechosos de violar las leyes, los inmigrantes que han sido detenidos ahora esperan la deportación al no contar con documentos que acrediten su estancia legal en Estados Unidos.

En esta nueva etapa de redadas ya no hay distingo sobre si el inmigrante tiene antecedentes penales o no, la orden de Trump es ‘limpiar’ las calles norteamericanas

Algunas ciudades como Stockton, Sacramento, San Francisco que se han declarado ‘santuario’ de inmigrantes están enfrentando a las autoridades municipales y federales por la visión que cado bando tiene con respecto a los inmigrantes.

La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf emitió una alerta el fin de semana a la comunidad migrante tras enterarse de las redadas.

Mi intención era que una madre o un padre pudiera usar esa información para mantener a sus familias juntas“, indicó tras las redadas, según reporta el diario El MundoEs el derecho legal de Oakland de ser una ciudad santuario y no hemos violado ninguna ley por ello. Creemos que nuestra comunidad está más segura cuando las familias permanecen juntas“.

Esta acción ha provocado que el director adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas D. Homan, haya declarado que las ciudades ‘santuario’ son peligrosas. Y deslizó que se está protegiendo a ‘criminales’ con las alertas como la que realizó la alcaldesa Schaaf.

No es la primera vez que hay discrepancia entre autoridades sobre el estatus de los inmigrantes. Ya un juez de California reviró hace meses contra la decisión de Trump de suspender el programa DACA que apoya los llamados dreamers; recibiendo una ofensiva de Trump y de la Suprema Corte que invalidó de inmediato la medida de protección que había emitido el juez local.