Tres senadores guanajuatenses aspirantes a la candidatura de sus partidos para competir por la Gubernatura en 2018, fueron parte de los 20 políticos que aprobaron La Ley de Seguridad Interior en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación.

Fernando Torres Graciano, senador del PAN, Gerardo Sánchez García, senador del PRI, y Miguel Ángel Chico Herrera, también senador del PRI, dieron su voto en las comisiones  y en el Pleno del Senado a favor de la polémica ley. Salvo Torres Graciano, los priistas no han expresado públicamente sus argumentos.

El rechazo a la militarización del país y las concesiones abiertas al Ejército para investigar, detener y actuar sin dar cuentas sobre su actuación, alegando la ‘seguridad nacional’, han colocado a México nuevamente como un país que retrocede en las garantías de los derechos humanos para sus ciudadanos. La ley se aprobó la madrugada de este viernes en el Senado de la República con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones tras 12 horas de discusiones.

La llamada Ley de Seguridad Interior ha sido rechazada por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rigth Watch, universidades como la UNAM, la Ibero, y diversas organizaciones de las sociedad civil.

Los senadores guanajuatenses que rechazaron votar a favor de la Ley de Seguridad Interior en las comisiones unidas fueron Juan Carlos Romero Hicks y Pilar Ortega Martínez, ambos del PAN

El senador Juan Carlos Romero Hicks considera que la ley está mal planteada y va a generar conflictos en lugar de resolverlos.

Romero Hicks ex rector de la UG, ex gobernador y aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, expuso públicamente que se quiere imponer un modelo de seguridad que no funciona.

Estamos frente a un diagnóstico parcial y un tratamiento equivocado. Porque lo que hoy el país requiere es paz, seguridad ciudadana y certeza jurídica, y esta legislación que puede tener un buen intento, no logra la paz, ni la seguridad ciudadana, ni la certeza jurídica”, dijo Romero Hicks en entrevista en Aristegui Noticias.

En su muro de Facebook el senador Fernando Torres Graciano, y aspirante a candidato del PAN a la Gubernatura, subió un video de 12 minutos donde expone que no hay nada que temer.

Como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República sobre la #LeyDeSeguridadInterior que regula la participación de las fuerzas armadas ante riesgos de seguridad nacional. Les garantizo respeto total a los derechos humanos y queda prohibida cualquier acción contra la población civil. No nos dejemos engañar”, expresa en su muro de Facebook Torres Graciano.

La ONU recalca la importancia de evitar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior

El proyecto de ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, éste es uno de los principales argumentos por los que expertos de la ONU han pedido a México para que se rechace el proyecto de Ley de Seguridad Interior.

Los especialistas advierten que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos

La actuación del Ejército en temas de seguridad ha sido duramente cuestionada por el exceso de fuerza.

Nos preocupa que el proyecto de ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles“, señalan en una declaración conjunta los expertos.

Además, consideran que el proyecto de ley “carece de mecanismos sólidos de control”. Por ejemplo, no prevé que haya supervisión civil de las actividades de inteligencia y categoriza toda la información que recaben esas agencias como de Seguridad Nacional lo que “la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público”.

Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, también pidió a México que rechazara un proyecto que considera “muy inquietante”.

Este grupo de expertos considera que hay precedentes que justifican la preocupación con la que ven la ley. “Podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad“, señalan.

Otro motivo de inquietud es que el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos “y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza”.

También les resulta preocupante la forma en la que se está debatiendo la ley.  “Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales“, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención ArbitrariaJoe CannataciRelator Especial sobre el derecho a la privacidadMichel ForstRelator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanosAgnès CallamardRelatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrariasPablo de GreiffRelator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y David KayeRelator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

 

Mejoras en la ley de seguridad interior

Los expertos de la ONU incluyen varias recomendaciones en su comunicado:

1.-Hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.

2.-Capacitar y fortalecer a las fuerzas policiales para lograr que la investigación de violaciones de derechos humanos sea rápida, independiente e imparcial.

3.-Restringir las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión.

4.-Investigar y sancionar debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos.

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