Dos versiones periodísticas, una en ‘Milenio’ y otra en ‘El Universal’, anticipan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alista una demanda contra Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ruiz Esparza, ex titular de la SCT en la administración de Enrique Peña Nieto, es sospechoso por operaciones irregulares en beneficio de constructoras, además de desvío de recursos y transferencias de dinero público con presuntos fines ilícitos.

De acuerdo a las versiones periodísticas de Elisa Alanís y Mario Maldonado, es “cuestión de días” para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), presente el expediente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación también señala al ex oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, y el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings; por entrega de contratos irregulares a empresas como Alética -antes OHL-, cuyas cuentas han sido congeladas, según reporta el diario Milenio, además de la compañía  Aldesa.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la gestión de Ruiz Esparza se encontraron irregularidades no solventadas por 16.5 millones de pesos. Lo que se presume como actos de corrupción. En esta trama hay involucrados 89 funcionarios

Pagos excesivos, indebidos o injustificados, compra de bienes o servicios que no aparecen, incumplimientos de contratos, falta de cobros y otras anomalías forman parte de las irregularidades detectadas en 251 auditorías a la SCT entre 2014 y 2018.

Una investigación del portal Sin Embargo asegura que dos de cada 10 pesos contratados por la SCT, durante la gestión de Ruiz Esparza, terminaron en 10 empresas privadas, de acuerdo con el registro del portal de compras gubernamentales CompraNet.

Con Ruiz Esparza serán ya tres los funcionarios de alto nivel que están siendo investigados por el gobierno de AMLO por presuntos actos de corrupción. Hoy Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y la Sedatu, permanece presa; mientras que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, sigue prófugo de la justicia.

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