Cuatro días de reiteradas protestas de ciudadanos de Hong Kong que repudian una nueva ley china de extradición han derivado en represión policiaca.
Gas lacrimógeno, toletazos y balas de goma han sido usados contra los manifestantes que otra vez, después del domingo, salieron a las calles de Hong Kong para protestar por la llamada ‘ley de extradición’ que China –país del que forman parte y repudian- pretende implementar.
Grosso modo el proyecto de ley de extradición considera que todo ciudadano de Hong Kong ‘sospechoso’ puede ser entregado a las autoridades chinas para que lo juzguen. La furia social se desata al tener Hong Kong un sistema judicial propio.
Hong Kong es una región administrativa especial de China, luego que fue entregado en 1997 por el Reino Unido, país al que perteneció como protectorado desde el Tratado de Nankín en 1842. En 1997, al recibir la ciudad de los ingleses, el gobierno chino prometió respetar durante 50 años las libertades y derechos que se crearon durante el periodo de colonización.
Hong Kong es una ciudad cosmopolita y poderosa económicamente –sede del famoso banco HSBC- que ha pedido autonomía de China desde 2014, año en que se gestó el ‘Movimiento de los Paraguas’
La primera movilización del domingo llevó a las calles a más de un millón de personas, 24 mil según el conteo oficial. Ayer salieron también cientos de miles a protestar. El saldo oficial es de 70 heridos, entre manifestantes, periodistas y agentes policiacos, según reportan medios locales.
Al igual que en 2014 cuando surgió el ‘Movimiento de los paraguas’ –llamado así por el uso de este implemento entre los manifestantes que ocuparon por tres meses las calles exigiendo más democracia-, los ciudadanos fueron cercando las vialidades aledañas al Parlamento; hasta que vino la carga policiaca.
La revuelta de los ciudadanos inconformes ha llevado al Parlamento a aplazar la discusión sobre la aprobación del proyecto de ley.
Estas protestas son sintomáticas ante el malestar permanente de los ciudadanos de Hong Kong para integrarse a China, país al que pertenecen oficialmente, pero que repudian.
“No sé si conseguiremos algo, pero por lo menos queremos que se oiga nuestra voz. Este proyecto de ley es peligroso. Significaría el final de las libertades en Hong Kong. Podrían detenernos y enviarnos a cualquiera a China”, declaró Sunny, un joven de 24 años, al diario El País.
“Este el es fin de la partida para Hong Kong, es un asunto de vida o muerte. Por eso es que estoy aquí. Esta es una ley malvada“, expresó Rocky Chang, un profesor de 59 años, a la agencia Reuters.
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