La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sufre presiones internacionales, tras un mandato donde le pide a México eliminar la prisión preventiva, mientras fiscales del país alertan que si se suprime la prisión preventiva, al menos 60 mil presos podrían salir libres a las calles.
En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), los fiscales expusieron además que es ‘prioritario’ hacer valer la Constitución. Esto frente a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena a México a se invalilide la prisión preventiva y el arraigo.
Y alertaron que si no se respeta la Carta Magna y se elimina la prisión preventiva, al menos 60 mil feminicidas, integrantes del narco, asesinos y secuestradores podrían quedar en libertad ocasionando un ‘alto impacto’ en la sociedad mexicana, por el riesgo a que cometan nuevos delitos o ataquen a testigos, víctimas o servidores públicos involucrados en cada caso.
“La #CNPJ exhortó a la SCJN y determinó por unanimidad, que debe preservarse la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, en su aplicación puntual, o de lo contrario mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución que regula la existencia y atribuciones de la propia @SCJN.
“Fue la determinación del organismo en su Asamblea Plenaria del 21 de junio de 2024, integrada por las y los Fiscales Generales de Justicia de los Estados, así como Procuradores (as), y el Fiscal General de la República, quienes señalaron que resolver contra la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas a procesos obtengan su libertad procesal.
“Eso implicaría que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso. Concluyeron que es indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados”, escribió ayer la FGR este mensaje en la red X.
La CNPJ está compuesta por fiscales generales de Justicia de los estados, Procuradores y el Fiscal General de la República, que sostienen que la prisión preventiva es algo que avala la Constitución, por lo que debe cumplirse y respetarse
El 27 de enero de 2023 la Corte IDH trasmitió desde Costa Rica, por su canal en YouTube, su resolución en el Caso Tzompaxtle y otros Vs México, donde le ordena a México tomar medidas contra el arraigo y la prisión preventiva, pues son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
México aceptó parcialmente su responsabilidad por violar los derechos a la integridad personal, a sus garantías judiciales y a la protección judicial de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, detenidos por policías y encarcelados por ‘terroristas’ durante un proceso penal entre 2005 y 2008 en donde al final tuvieron que dejarlos libres ante la falsedad del caso.
Por ello ordenó a México “dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal”, con fines de investigación.
Además de ordenarle que se cambie la legislación para derogar la prisión preventiva y así el marco jurídico sea compatible con la Convención Americana. Finalmente obliga al Estado mexicano a indemnizar económicamente, además de pagar los gastos por tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico y psicosocial si las víctimas lo solicitan,
“La Corte recuerda que el deber general del Estado establecido en el artículo 2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías”, expuso la Corte IDH en su resolución.
Desde el pasado 23 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en lista la discusión para determinar cómo participará el Poder Judicial en la ejecución de la sentencia de la Corte IDH.
Asunto que discutirá tomando una resolución de a favor o en contra, en el mes de agosto. Para anular el arraigo y la prisión preventiva, se necesitan 8 de 11 votos de los ministros integrantes de la SCJN.
- Fotos: Especial/Cuartoscuro
