La agencia federal de aplicación de ley de la Patrulla Fronteriza intensificó sus iniciativas antiinmigrantes expandiendo el uso de puntos de control hasta a 160 kilómetros de la frontera o la costa y usando propiedad privada sin órdenes o permiso de los propietarios para llevar a cabo su vigilancia.
A primera vista, estas medidas violan muy claramente el derecho de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza y la administración Trump los han justificado bajo una ley federal poco conocida que permite a los funcionarios de inmigración realizar búsquedas sin orden judicial.
Bajo la ley existente adoptada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 1953, el gobierno no necesita obtener una orden para registrar a las personas y sus propiedades en los puertos de entrada. Más allá de la frontera terrestre y marítima, sin embargo, el Departamento de Justicia ha definido una “distancia razonable” de 160 kilómetros, dentro de la cual los oficiales de inmigración pueden operar sin órdenes de arresto contra aquellos sospechosos de contrabandear drogas o violaciones de inmigración.
Además, la ley autoriza a los oficiales a ingresar a la propiedad privada dentro de un radio de 40 kilómetros en la frontera, sin requerir el permiso del propietario o una orden judicial
Si bien la ley ha estado en uso durante décadas, su uso se ha intensificado bajo la administración de Trump. Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estado abordando los autobuses Greyhound y los trenes de Amtrak en Florida, Nueva York y el estado de Washington y exigen que los pasajeros muestren prueba de ciudadanía.
En enero de este año, un video (https://twitter.com/FLImmigrant/status/954771543535611904) que se viralizó en las redes sociales mostró a los agentes de la Patrulla Fronteriza que abordaban un autobús Greyhound que iba de Orlando a Miami y aterrorizaba a los pasajeros al exigir prueba de su estado. A mitad del autobús, los agentes revisan los papeles de una mujer, le preguntan dónde estaba su equipaje, luego sacan una maleta de un compartimento superior e instruyen a la mujer para que salga.
La oficina de la Patrulla Fronteriza publicó luego una declaración anunciando que agentes arrestaron a una mujer jamaiquina en la estación de autobuses de Fort Lauderdale, argumentando que la mujer había excedido su visa y fue transportada a la estación de la Patrulla Fronteriza de Dania Beach; luego fue entregada a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas para su proceso de deportación.
Los agentes también han utilizado la ley para establecer puntos de control en New Hampshire en una importante carretera interestatal que está a unos 145 kilómetros de la frontera con Canadá, y arrestó a 33 personas por sospechas de delitos de inmigración, y otras 44 acusadas de posesión de drogas. Según informó The New York Times, las drogas incautadas ascendieron a alrededor de dos libras de marihuana y cantidades menores de cocaína y otras drogas.
En un caso que ahora se ha convertido en disputa legal, Ricardo D. Palacios, dueño del rancho Juan Salinas cerca de la ciudad de Encinal, Texas, afirmó que los oficiales de la Patrulla Fronteriza habían estado vagando libremente durante años en su propiedad sin ningún orden judicial y también detuvo también a miembros de su familia en varios puestos de control.
Para Palacios, el colmo fue cuando encontró una cámara escondida en un árbol de su propiedad en noviembre pasado. Quitó la cámara y la guardó como evidencia de que los oficiales federales violaron sus derechos de la Cuarta Enmienda. La cámara ha sido solicitada tanto por la agencia de la Patrulla Fronteriza como por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, y los funcionarios estatales exigen que Palacios devuelva la cámara, pues ha sido acusado de robo. Palacios ahora ha demandado a las dos agencias.
El abogado de Palacios, Raul Casso señaló al New York Times que el rancho Juan Salinas está a más de 48 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, y por lo tanto fuera del alcance de la ley federal existente. Dice: “(Los agentes de la Patrulla Fronteriza) actuaron a propósito o incompetentemente. De cualquier forma, están fuera del alcance de su autoridad”, reclamó el abogado.
Como era de esperar, la administración Trump está tratando de justificar estas búsquedas como necesarias para proteger la seguridad nacional de todo tipo de peligros supuestamente asociados con los migrantes indocumentados, incluido el tráfico transfronterizo de personas, drogas y armas
Sin embargo, incluso los datos limitados publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (de los cuales la Patrulla Fronteriza forma parte) muestran que menos del 3 % de los inmigrantes que entran sin documentos son atrapados en estos puntos de control lejos de la frontera.
Más allá de esto, los peligros de la zona extra-constitucional de 160 kilómetros afectan más que a un puñado de personas o ciudades. La realidad, como lo señala una declaración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sobre derechos constitucionales, es que “las operaciones interiores de la Patrulla Fronteriza invaden y atraviesan los Estados Unidos, afectando a la mayoría de los estadounidenses”.
Aproximadamente dos tercios de la población de los Estados Unidos, unos 200 millones de personas, viven dentro de la zona de 160 kilómetros de costa (Océano Atlántico, Golfo de México, Océano Pacífico y Grandes Lagos) o a 160 kilómetros de la frontera con Canadá o México, Connecticut, Delaware, Florida, Hawai, Maine, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Vermont, que se encuentran por completo o casi en su totalidad dentro de esta área.
Nueve de las 10 áreas metropolitanas más grandes de EE. UU., según lo determinado por el censo de 2010, también caen dentro de esta zona: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Diego y San José
Cuando el Departamento de Justicia implementó la ahora citada ley que otorga a los agentes de la Patrulla Fronteriza con poderes extra-constitucionales en esta vasta área, se hizo sin debate público, y en un momento en que toda la agencia empleaba a 1 mil 100 agentes. Hoy en día, hay más de 21 mil agentes de la Patrulla Fronteriza operando en todo Estados Unidos. Además de administrar los puertos de entrada, se cree que la agencia opera con más de 170 puntos de control interiores.
En teoría, la ley insiste en que existe una “sospecha razonable” de una violación o un delito de inmigración, y que los agentes del USBP tienen “causa probable” o una orden de búsqueda de vehículos en la zona de 100 millas. En la práctica, la ACLU ha encontrado que “los agentes rutinariamente ignoran o malinterpretan los límites de su autoridad legal en el transcurso de paradas individuales, lo que resulta en violaciones de los derechos constitucionales de personas inocentes”. Estos problemas se ven agravados por la capacitación inadecuada de los agentes de la Patrulla Fronteriza, la falta de supervisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Y dicho sea de paso, la constante falla de CBP para responsabilizar a los agentes por abusos.
Las violaciones de la Cuarta Enmienda inherentes a la campaña antiinmigrante actual no se limitan a la interpretación flexible de la ley de zonas internas de 160 kilómetros
En los últimos meses, la tendencia de buscar dispositivos electrónicos de visitantes, residentes y ciudadanos —que se vieron por primera vez durante los últimos días de la administración Bush y se intensificaron incesantemente durante la administración Obama— ha cobrado aún más fuerza. En el primer mes completo después de la inauguración de Donald Trump, las búsquedas sin orden de dispositivos electrónicos por parte de Aduanas y Protección Fronteriza alcanzaron un récord de 5 mil, más que en todo 2015 y muy pronto se duplicaron las cifras en 2016.
Si bien ha habido varias propuestas legislativas para imponer algunos límites a los poderes de la CBP, que incluyen insistir en la necesidad de órdenes para buscar dispositivos electrónicos y también reducir la zona extraconstitucional de 160 kilómetros a 40 kilómetros de la frontera, ninguno de ellos han pasado. Tales propuestas son meras excusas de parte de los demócratas que temen que su electorado se aferre al ataque bipartidista contra los inmigrantes.
El CBP en sí sigue comprometido con su directiva de 2009, que afirmó: “En el curso de una búsqueda en la frontera, con o sin sospecha individualizada, un oficial puede examinar dispositivos electrónicos y puede revisar y analizar la información encontrada en la frontera”.
En 2016, el Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, que cuenta con casi 17 mil agentes entre sus miembros, dio un paso sin precedentes al respaldar a un candidato presidencial, Donald Trump, durante las primarias. Al anunciar su apoyo a Trump, Brandon Judd, el presidente del Consejo declaró que su membresía apoyaba al candidato porque había prometido “quitarle las esposas” a la agencia. Con base en las actividades del USBP ordenadas por la administración, esa promesa de campaña se está cumpliendo.
Hoy, los partidos demócrata y republicano, han otorgado plena autoridad e impunidad a una agencia parecida a la Gestapo nazi para actuar cada vez más como una ley en sí misma, mientras se despoja a la clase trabajadora de los derechos constitucionales garantizados en su conjunto, ya que se vende la mentira del inmigrante como “criminal”.
- Intervención fotográfica: Ruleta Rusa
- Fotos: AFP/Especial
