Del 1 de diciembre a la fecha, en México se ha registrado el asesinato de 3 periodistas. Uno de ellos estaba ‘oficialmente protegido’ por el gobierno federal.

Organismos internacionales como la ONU, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Article 19 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han llamado la atención al presidente Andrés Manuel López Obrador para que garantice la debida protección a periodistas, pues bajo su mandato ya suman 3 asesinatos.

El primer asesinato de un periodista bajo el gobierno de López Obrador ocurrió justo cuando asumió el poder, el 1 de diciembre de 2018 en Nayarit. Jesús Alejandro Márquez, director del diario digital Orión Informativo fue ultimado a balazos.

Desde ese hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la organización RSF llamaron al gobierno de AMLO a investigar ese primer asesinato, y a mejorar la protección; dos meses luego vuelven a hacerlo ante el tercer asesinato

“(Pedimos) que haga de la protección de los periodistas una prioridad de su mandato“, le solicitó RFS en un comunicado oficial a AMLO.

El segundo asesinato ocurrió el 4 de diciembre.  El periodista Diego García Corona, colaborador del  semanario Morelos de Ecatepec fue interceptado por un comando armado que lo abatió a tiros mientras viajaba a bordo de su auto en la colonia Jardines de Ecatepec, en el municipio homónimo del Estado de México.

“Condenamos el homicidio de Diego García Corona, reportero del semanario Morelos, #Edomex y externamos condolencias a su familia. Trabajamos en un plan de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación del daño que dé garantías a periodistas #LibertadDeExpresión”, tuiteó el 6 de diciembre, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República.

Este segundo crimen llevó en diciembre de 2018 a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para urgir al Presidente López Obrador a tomar acciones y fijar postura de su gobierno. Algo que no ha ocurrido.

El tercer asesinato es el de José Rafael Murúa, director de la radio comunitaria Radiokashana, cuyo cuerpo localizado la noche de este domingo en Baja California Sur con varios disparos en el pecho.

Desde el año 2016 Murúa se acogió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que recibía protección oficial del gobierno federal. En noviembre de 2018 denunció que fue amenazado de muerte tras hacer críticas al alcalde del municipio de Mulegé, Felipe Prado Bautista, del partido Nueva Alianza.

“México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos (…) el hecho de que tanto el señor (José Rafael) Muría como el señor (Noé) Jiménez (un activista pro-derechos humanos también asesinado este fin de semana) fueran beneficiarios del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. Las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento deben ser analizadas y evaluadas”, expuso ayer Jan Jarab, a través de un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Fuera del tuit del vocero presidencial, hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha omitido fijar una postura o hablar sobre el tema.