La Oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a revisar el decreto que otorga al Ejército labores de seguridad en las calles de México.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México señala que el decreto de AMLO publicado el lunes pasado no considera información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia, por lo que pide una revisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.

El acuerdo fija que esta supervisión será realizada por el Órgano Interno de Control de la dependencia de la Fuerza Armada que corresponda, lo que resulta insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de carácter externo”, señaló en un comunicado la Oficina del Alto Comisionado tras referir que aunque la intervención está prevista en la reforma que creó a la Guardia Nacional, este documento no precisa los estándares con los que se medirán las funciones de los militares y marinos.

Y se extiende en los señalamientos de preocupación por la participación de “carácter extremo” de las Fuerzas Armadas, sin información sobre condiciones, modalidades y otros apartados que dejan abierta la intervención militar sin reglas claras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reafirmado que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles, salvo excepciones

Las tareas de los militares en seguridad pública son cuestionadas por sus constantes abusos a los derechos humanos.

No es el primer llamado a AMLO desde la ONU por el tema de la militarización. El pasado 10 de enero de 2019 se le hizo la misma observación desde la Oficina del Alto Comisionado en México con la creación de la Guardia Nacional.

“(La Guardia Nacional) abonaría a un proceso de militarización de lo que hoy es civil, en sentido opuesto y regresivo a lo que desde los organismos internacionales hemos planteado”, indicó en ese momento el alto comisionado Jan Jarab, durante un foro legislativo.

La preocupación por el respeto a los derechos humanos con la intervención de los militares en tareas de seguridad pública ha levantado también señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“(El acuerdo) es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos: ‘extraordinaria’, ‘fiscalizada’ ‘subordinada’ y ‘complementaria’, con lo que se falta al principio de la certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada.

Lo anterior resulta preocupante, pues ante la indefinición, podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales”, expuso la CNDH a través de un comunicado.

Aunque el PAN aprobó la reforma constitucional que da nacimiento a la Guardia Nacional y permite -con el artículo 5 transitorio- el uso de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2023, ayer Marko Cortés, líder nacional del PAN, dijo que su partido promoverá una acción de inconstitucionalidad para revertir el decreto publicado por AMLO este lunes.

En su comunicado, la CNDH expuso que le resulta preocupante, porque se presta a una presencia permanente de las fuerzas armadas en las funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles y que, además, será de manera permanente; por esa razón la Comisión debe pasar del dicho al hecho y actuar en consecuencia”, expuso Cortés.

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