Daniel Ortega se ha convertido en un patético remedo del líder sandinista que alguna vez fue.

El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha emprendido la captura de opositores, con allanamientos y asedios armados, tras el informe de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos donde se revelan nuevas atrocidades del régimen.

Organizaciones civiles, de derechos humanos, y opositores políticos han denunciado la irrupción de militares y policías para arrestar arbitrariamente al menos a seis líderes opositores que dieron nuevas claves a la ONU sobre la represión y brutalidad ejercida por el gobierno de Ortega durante las protestas de 2018.

Apenas la semana pasada se instaló un Tribunal de Conciencia, en Costa Rica, acusando a Daniel Ortega de utilizar incluso la violencia sexual para someter a sus opositores.

Nosotros presenciamos cómo violaban a las chavalas. A unos los ponían de frente y les cortaban tal vez un dedo, los amputaban, les quitaban las uñas o les metían cuestiones dentro del ano (…). Usted podía ver a través del vidrio lo que les estaban haciendo a los chavalos”, relató uno de los 18 nicargüenses apoyados por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso, oenegé que exige se llame a cuentas al dictador tras documentar casos de violencia sexual y crímenes de lesa humanidad.

Desde abril de 2018 estallaron las protestas sociales para pedir la renuncia de Daniel Ortega ante reformas abusivas y represión sistemática, lo que tiene al país hundido en el terror tras la respuesta violenta del dictador

La violencia en Nicaragua contra los opositores al régimen del dictador Daniel Ortega no cesa desde 2018.

El informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, fue presentado este lunes en Ginebra, Suiza, y hace referencia a 94 opositores arrestados, cientos de muertos y desaparecidos y una violencia sostenida contra ciudadanos opositores al régimen.

Bachelet ha enfatizado que el dictador Ortega sostiene su negativa a generar un diálogo con la oposición, además que ataca la libertad de expresión, y lleva a cabo una política poco transparente para el manejo de la pandemia, según reporta la agencia EFE.

Como respuesta al informe de Bachelet, Ortega ordenó el allanamiento de hogares de opositores en Managua, Bluefields, Nueva Segovia, y Camoapa provocando el terror con nuevos encarcelamientos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que la crisis nicaragüense dejó al menos 328 muertos en 2018, mientras que organismos locales señalan que son 684 los muertos, y Ortega asegura a su vez que sólo fueron 200 por intentar “un golpe de Estado”.

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