Un informe de investigadores especiales de la ONU concluyó que el gobierno de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad, además de toda clase de abusos a ciudadanos indefensos, por órdenes del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua asegura que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, e incluso  privación arbitraria de la nacionalidad y el derecho a permanecer en el país.

Estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, incluyendo violencia sexual, deportación forzosa y persecución por motivos políticos (…) la población vive con miedo respecto de las acciones que el propio gobierno pueda tomar contra ella”, se expone en el documento que la ONU publicó en su página web.

Los relatores especiales de la ONU hacen un llamado a la comunidad internacional para que se ejerciten acciones legales contra la dictadura de Daniel Ortega.

El informe señala que la Policía Nacional y grupos paramilitares afines al dictador Daniel Ortega, se coordinaron para instaurar un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas sociales de 2018; policías, custodios y funcionarios penitenciaros además ejercieron violencia sexual y tortura contra los detenidos

El dictador Daniel Ortega ha sistematizado la represión contra los ciudadanos y opositores políticos a su régimen de terror desde el año 2018.

Todas estas acciones son posibles porque se ha instrumentalizado al Estado como arma de persecución en contra de la población. Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora. Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de oenegés, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país”, expone la experta Angela Buitrago.

Entre lo que el Grupo recomienda al gobierno de Daniel Ortega resaltan la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa entre otras modalidades de persecución política; investigar de forma independiente y exhaustiva los abusos y violaciones para que haya rendición de cuentas; garantizar la reparación y no repetición; defender el derecho de las víctimas a saber la verdad; e implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y la separación de poderes.

El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.

Prácticamente todos los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior y, de diciembre de 2018 en adelante, se han cancelado 3 mil 144 organizaciones de la sociedad civil, casi la mitad de las organizaciones registradas en 2017.