El partido Morena impuso su mayoría, ahora en el Senado, para devolver sin cambios la polémica minuta aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados al aprobarse en las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos la Miscelánea Fiscal, Ley de Derechos y Ley de Ingresos.

Aunque falta la votación final en el Senado, Morena también es mayoría con sus aliados el PVEM y el PT, por lo que es mero trámite para que se instauren el registro obligatorio del RFC para jóvenes mayores de 18 años y la cárcel a contadores públicos que no denuncien a sus clientes si creen que cometen algún delito fiscal.

Ambos temas, que desataron incluso una trifulca con empujones y agresiones verbales en la Cámara de Diputados la semana pasada, fueron ratificados ayer por Morena y sus aliados en el Senado, al aprobarse la minuta en Comisiones con 18 votos a favor y 11 en contra.

La proyección de ingresos para el gobierno de AMLO en 2022 es por un total de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, un crecimiento en la economía del 4.1 por ciento, inflación de 3.4 por ciento, un precio estimado de 55.1 dólares por barril de petróleo exportado y un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar

Aspecto de la reunión de senadores de las Comisiones Unidades de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos en el Senado, donde se aprobó por mayoría la minuta de la Cámara de Diputados sobre la Miscelánea Fiscal 2022. Ley de Derechos y Ley de Ingresos.

Ahora en México todos los jóvenes mayores de 18 años están obligados a inscribirse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener el Registro Federal de Contribuyentes, si no lo hacen podrían ser sancionados desde 3 mil 800 a 11 mil 600 pesos.

Aunque el registro de todos los mayores de 18 años al RFC no implica obligación fiscal alguna hasta que no obtengan recursos por algún trabajo formal. Si reciben dinero de sus padres o familiares, becas o apoyos gubernamentales no estarán sujetos al pago de impuestos.

Respecto a los contadores públicos que dictaminen como auditores a empresas y no denuncien ante Hacienda sobre un “probable” delito fiscal, serán enviados a prisión entre 3 meses a 6 años si la autoridad fiscal considera -incluso años luego- que no reportaron el supuesto delito, bajo la acusación de encubrimiento en delitos fiscales.

Otras reformas importantes serán la imposición de un tope para limitar las deducciones de donativos y un artículo transitorio para legalizar los vehículos ‘chocolates’ por 2 mil 500 pesos por unidad -dinero que irá directamente a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas (beneficiados en esta primera etapa del decreto de regularización) para que se use en la construcción de vialidades-.

  • Fotos: Especial/El Universal

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