La militarización del país que tanto criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial, ahora es una realidad bajo su mandato.

Los militares serán responsables de tareas de vigilancia y combate al crimen hasta marzo del 2024, así lo dispuso AMLO al firmar un decreto que autoriza la vuelta del Ejército y la Marina a las calles. Una medida que él mismo se encargó de repudiar durante años.

Es un oportunismo político muy grave, un uso ideológico perverso de una realidad (…) la pandemia le vino al presidente como un anillo al dedo para legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en territorio nacional y controlarlas directamente desde la Presidencia, es un sueño que nunca pudo hacer realidad Felipe Calderón; curiosamente Andrés Manuel, que dice ser lo contrario de Felipe Calderón, realiza el sueño de Felipe Calderón: tener al Ejército en las calles legalizado y controlado por la Presidencia”, criticó el poeta y activista Javier Sicilia,  líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en declaraciones para Aristegui Noticias.

El decreto presidencial, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dispone que los militares ahora podrán detener personas y asegurar bienes relacionados con hechos delictivos. Una medida polémica pues las fuerzas armadas han sido sujetas de constantes señalamientos por violación a los derechos humanos desde que salieron de los cuarteles militares en 2006 para combatir al narcotráfico.

La medida de AMLO se da mientras la crisis de seguridad rebasa al gobierno federal, pues su mandato se ha convertido -en año y medio- en el más violento y con más muertes acumuladas por la violencia del crimen organizado

En diciembre de 2017 AMLO y Mario Delgado, actual líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reprobaban la militarización que ahora avalan ya estando en el poder.

Pese a que muchos militares están en activo en la Guardia Nacional, ahora soldados y marinos abiertamente realizarán “tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, según ha dispuesto el Presidente de México.

Si cometen abusos, los militares sólo serán juzgados por cortes castrenses pues ninguna autoridad civil tiene facultades para llamarlos a cuentas. El registro oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que de 2006 a 2017 se presentaron 204 quejas contra militares por abuso e poder y violaciones a los derechos humanos.

Aunque inicialmente López Obrador aseguró que la Guardia Nacional sería el sustituto de la extinta Policía Federal, en el camino ha reculado y ahora opta por lo que abiertamente criticó por años: la militarización.  Con el ‘nuevo modelo’ de seguridad, el costo de las operaciones será con cargo a los Estados y los Municipios.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció que requiere de los militares y marinos para hacer frente a la ola de violencia e inseguridad que vive el país, pues la Guardia Nacional aún no está lista para cumplir con su cometido.

Se requiere que las Fuerzas Armadas brinden su apoyo a esta institución de seguridad pública para lograr hacer frente a la delincuencia; lo cual será hasta el 27 de marzo del 2024, día en que concluye la vigencia del acuerdo mencionando, dando cabal cumplimiento al plazo de cinco años, establecido en la reforma publicada el 26 de marzo de 2019”, se expone en el comunicado de la SSPC.

La medida se da además en mitad de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 que tiene al país paralizado, lo que ha generado una polémica general que se centra en desacreditar, desde las redes y la oposición, la decisión de AMLO.

Una decisión peligrosa y autoritaria.

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