La crisis de las personas desaparecidas en México es cada día más preocupante, como lo demuestran los más de 130 mil casos y un informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), que ha provocado la furia del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El CED resolvió en días pasados solicitar al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU, tras invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas-
“Para que esta (Asamblea General) considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen (…) el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, informó el CED en su página web sobre su informe.
La respuesta del gobierno de México no se ha hecho esperar y de inmediato se ha descalificado al CED acusando que se trata de un informe ‘parcial’ y que carece de rigor legal. Además de acusar que hay omisiones por no considerar la ‘actualización’ del problema con las cifras del pasado 27 de marzo.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo (…) México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, respondió el gobierno mexicano a través de un comunicado.
El CED señaló en su informe el continuo hallazgo de fosas clandestinas en México, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de al menos 72 mil restos humanos no identificados, desde 2012
“El procedimiento de carácter preventivo tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual. En virtud del artículo 34 de la Convención, el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica”, ha expresado el CED sobre su intervención, que ya fue rechazada también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y legisladores del partido oficialista Morena.
La CNDH, que encabeza la polémica morenista Rosario Piedra Ibarra, acusó que el informe del CED es ‘sesgado’ y privilegia opiniones de oenegés que ‘manipulan’ las demandas en derechos humanos, por lo que no hay sustento sobre lo que se concluye por las desapariciones en México.
“No es una bronca contra México (…) Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo (…) El problema de negar un problema es que no se adoptan las medidas para solucionarlo. El gobierno tiene que admitir que necesita ayuda internacional”, expresó Santiago Corcuera, ex integrante del CED, en entrevista para el diario El Universal.
El pasado 27 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una polémica ‘actualización’ sobre las personas desaparecidas en México, concluyendo que de las 130 mil que se registraban hasta 2025 sólo el 33 % no ha tenido ningún tipo de “actividad”, que otro 31 % sí y que del 36 % restante “no hay datos suficientes”. Algo que ha generado una nueva controversia por pretender ‘desaparecer’ la crisis.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, en el informe que ha desatado la furia del gobierno mexicano.
- Fotos: AFP/ Especial
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