En México ejercer el periodismo es casi una garantía de muerte. Un informe de los relatores especiales sobre libertad de expresión, de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así lo manifiesta.

El informe Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre – 4 de diciembre 2017, reclama la actuación laxa de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

David Kaye, relator especial sobre Libertad de Expresión para las Naciones Unidas (ONU), y Edison Lanza, relator especial sobre Libertad de Expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son los responsables de este informe que está dando la vuelta al mundo.

Uno de los periodistas entrevistado por los relatores especiales define con precisión y claridad lo que ocurre ahora en México: “(Es) la dictadura de violencia“.

La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas se ha documentado por parte de las instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil y señalan que al menos el 99.6% de estos crímenes siguen sin resolver. No se concibe  que el Gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en que al menos veinte periodistas hayan desaparecido, en localizar sus paraderos y perseguir a los responsables (…)

Aunque somos conscientes de que, a nivel federal, se han hecho reformas institucionales y legales pertinentes para reforzar la autoridad de la FEADLE para investigar y procesar esos crímenes, las recomendaciones de nuestros predecesores solamente se han implementado en parte. Lamentamos que la FEADLE todavía no haya tenido impacto al combatir la impunidad y reconstruir la confianza pública en proveer acceso a la justicia de las víctimas”, se señala en la relatoría.

El informe consta de 73 observaciones y recomendaciones, en un documento de 18 páginas donde se exponen los resultados de las reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, más de 250 periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 estados

David Kaye y Edison Lanza durante la presentación del informe en CDMX.

Los datos que recolecta la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentan una situación de los periodistas en México que no se puede describir de otra forma más que catastrófica. Desde el 2010, 73 periodistas han sido asesinados; 12 periodistas han sufrido desaparición forzada, mientras que ha habido 44 intentos de asesinato.

Desde 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 52 ataques contra medios. Hasta la fecha, al menos 11 periodistas han sido asesinados en el año 2017: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Cándido Ríos, Juan Carlos Hernández y Edgar Daniel Esqueda”, se puntualiza.

Los relatores especiales de la ONU y la CIDH critican además al gobierno federal por utilizar el software de espionaje ‘Pegasus’ para vigilar “a políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, expertos en salud pública y anticorrupción, e incluso el organismo internacional establecido para investigar la desaparición masiva de los estudiantes en Iguala en 2014”.

Y alertan sobre el debate que está generando la iniciativa de Ley sobre Seguridad Interior, que otorga a las fuerzas armadas un gran poder para la recolección de información –que se plantea sea clasificada- y libertad sobre el uso de la fuerza durante manifestaciones ciudadanas.

La legislación propuesta plantea serias preocupaciones sobre el estado de derecho y los principios democráticos. Llamamos al Senado a no aprobar esta ley e iniciar un diálogo abierto y comprehensivo en relación con el modelo de seguridad que necesita el país, reafirmando el papel de las agencias de seguridad civiles para abordar  los retos de seguridad pública, en lugar de confiar este rol a las Fuerzas Armadas”, plantean los relatores en su informe.