El gobierno federal presentó ayer un informe donde asegura que se han detectado presuntas irregularidades financieras multimillonarias durante el mandato del ex presidente priista Enrique Peña Nieto.

Con 2 mil 500 auditorías practicadas al gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó ayer que ya se emitieron 10 mil observaciones y se han iniciado 400 procedimientos de responsabilidades administrativas por las irregularidades financieras que suman 544 mil millones de pesos.

Uno de los casos más emblemáticos es el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que se construía en Texcoco, donde se presumen irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.

Irma Eréndira Sándoval Ballesteros, titular de la SFP, dio a conocer estos detalles durante la presentación de su informe de labores.

Hay otro caso muy conocido, relacionado con el ex director general de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal”, señaló Sándoval a través de un comunicado.

Por esta operación con la que se defraudó al Estado, se inhabilitó al ex funcionario por un periodo de 15 años y se le multó con más de 3 mil 800 millones de pesos.

Develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, enfatizó Sándoval.

Las irregularidades financieras bajo el mandato de Peña Nieto superan el monto presupuestal de la federación para Salud y Educación, según la SPF

Irma Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, durante la presentación de su informe de labores.

Entre los casos más emblemáticos de corrupción, Sándoval mencionó el desvío del trazado de una carretera, en  Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz; y el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.

Con auditorías a la operación regional, la SFP fiscalizó además ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.

En materia de obra pública llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.

De acuerdo a Sándoval Ballesteros hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.