La persecución del fiscal general Alejandro Gertz Manero, contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados por él y la nueva titular del consejo, la pro-morenista María Elena Álvarez-Buylla, por “delincuencia organizada”, no prosperó.
Gertz Manero fue rechazado durante 10 años por el Conacyt para integrarlo al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y apenas en agosto de 2020 ganó una resolución del Conapred por “discriminación”; este año el Conacyt decidió integrarlo como investigador del Nivel 3, el más alto, como “reparación del daño”.
Después de ello emprendió una ‘cacería’ contra científicos y académicos del Conacyt, misma que ayer terminó con el rechazo de un juez federal para aprehender a 31 científicos a los que acusó de “delincuencia organizada”. La orden de aprehensión le fue negada al no haber delito penal que perseguir, según se resolvió en un juzgado federal.
“La FGR puede impugnar la resolución ante un Tribunal Colegiado. Los 31 académicos están en proceso de ser notificados de la sentencia”, resolvió el juez federal con base en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, según dio cuenta el diario El Universal.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero fue rechazado por 10 años en el Concacyt al que pretendía ingresar como investigador del SIN; al arribar al poder con Morena, en 2020 dictaron un fallo a su favor desde el Conapred por “discriminación”
De acuerdo a los criterios que tenía el Conacyt, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México en 2018, a Gertz Manero se le negó el ingreso al SNI por considerar que tenía una “insuficiente producción científica”, además de “no poder demostrar productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, según le fue notificado.
Su suerte cambió en agosto de 2020, ya con Morena en el poder, luego de haber presentado a lo largo de 10 años siete demandas contra el SNI, dos juicios de nulidad y cinco juicios de amparo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) falló en su favor por “discriminación”.
El Conacyt entonces, ya con María Elena Álvarez-Buylla como titular del consejo, aprobó la “reparación del daño” contra Gertz Manero tas una reunión de una comisión interna de derechos humanos, otorgándole el grado de investigador del SNI Nivel 3, el más alto, con un salario mensual de 32 mil 857 pesos por mes.
“Dicha comisión lo analizó de manera exhaustiva y determinó que el agraviado, con tres doctorados en Derecho y autor de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel SNI 3”, informó el Conacyt en junio de este año.
Aunque el escritor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guillermo Sheridan, adem´ás de integrante del SNI en el Conacyt, acusó públicamente, con pruebas, a Gertz Manero de plagiar al menos 10 párrafos de un libro que se adjudica como suyo, pero que fue escrito en 1939; por lo que exigió al Conacyt que al Fiscal General le fuera retirado el cargo de investigador . Y tras los reclamos de Gertz Manero por “difamación”, Sheridan le revir´ó con más pruebas de que plagió más libros. Y los reclamos del Fiscal General cesaron.
El pasado 25 de agosto, Gertz Manero solicitó la orden de aprehensión contra 31 científicos del Conacyt, acusando, junto con la actual titular del organismo María Elena Álvarez-Buylla, de “operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado” por 244 millones de pesos del presupuesto federal que recibió la asociación civil Foro Consultivo, Científico y Tecnológico
El juez rechazó inicialmente otorgar la orden de aprehensión y conminó a la FGR a replantear con pruebas la acusación. Esta semana nuevamente se requirió la orden de aprehensión y ayer le fue negada en definitiva.
Grosso modo el juez federal resolvió que los recursos que recibió el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico A.C., entre 2013 y 2019, se realizaron bajo el amparo del artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en su momento. Al llegar Álvarez-Buylla a Concayt se modificó la ley y el reglamento interno para dejar fuera de más apoyos económicos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió esta semana contra los científicos e investigadores inconformes por las intenciones de la FGR acusando que “ya no se permite robar, y manipulaban mucho y siguen manipulando”, e incluso los comparó con capos del crimen. Lo cual levantó reclamos inmediatos de la comunidad académica y científica para exponer lo arbitrario del caso.
“Es por demás evidente que la acusación que se ha lanzado desde la Fiscalía General de la República es absurda e impropia de un país gobernado bajo principios mínimos de Estado de Derecho. La mera presentación de científicas y científicos mexicanos como miembros de la delincuencia organizada es un acto intimidatorio y fuera de toda proporción y razón, que no solo afecta a las personas hoy acusadas injustamente, sino en realidad a toda la comunidad académica del país”, es parte de lo que se plantea en un comunicado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“(En mi gobierno) no se fabrican delitos”, aseguró AMLO ayer en su conferencia matutina sobre el caso al levantarse la polémica a nivel internacional, apelando a su autollamada ‘purificación de la vida pública’ bajo su mandato.
Horas más tarde, en la ceremonia por los 100 años del lema y escudo de la UNAM, el Rector General de la institución fue directo en su crítica hacia el actuar de la FGR.
“Un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”, expresó el rector Enrique Grau.
La resolución del juez federal vino a rematar el día, echando atrás cualquier captura o acción penal contra los investigaciones, como solicitaba la FGR.
Ya desde el pasado lunes, el periodista Raymundo Riva Palacio -quien hizo públicos algunos entretelones del polémico caso-, perfilaba la venganza del Fiscal General.
“Quien conoce a Alejandro Gertz Manero sabe que el fiscal general es muy vengativo. Dos décadas de ocupar altos cargos en gobiernos federales han mostrado cómo utiliza la fuerza para embestir a sus rivales, a familiares o a cualquier persona que considere lo ha agraviado (…)
“Un fiscal con ese talante vengativo es una amenaza para cualquiera, porque en cualquier momento puede inventar acusaciones contra quien le caiga mal o acomodar la ley a su agenda personal”, es parte de lo escrito por Rivapalacio en su columna para el diario El Financiero, el pasado 20 de septiembre.
- Fotos: Vanguardia/Conacyt/captura de pantalla
