Los reclamos internacionales contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa Rosa Murillo en Nicaragua han obligado a Estados Unidos a preparar una reforma legal para presionar a un gobierno que persigue a sus opositores y descarta la democracia.

Ayer 59 países del mundo, entre los que no están México ni Argentina, apoyaron la iniciativa de Estados Unidos y sumaron su protesta para exigir que en Nicaragua se libere a los presos políticos opositores y se garanticen elecciones libres y democráticas.

Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias.

El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, se expone en la declaración firmada por 59 países.

En Nicaragua se vive una crisis social desde 2018 por reformas abusivas de Ortega que han llevado al estallido social y posteriormente a la represión sistemática, y ahora el arresto de opositores y candidatos presidenciales que buscan evitar que Ortega se reelija otra vez.

Daniel Ortega se ha convertido en lo que combatió logrando que la revolución sandinista echará del poder a la dictadura de los Somoza que duró décadas en Nicaragua; ahora el dictador es él

Los nicaragüenses han sufrido desde 2018 una represión sistemática, abusos y muertes por parte del régimen de Ortega.

Bob Menendez, presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, fue quien anunció de la nueva ley que se impulsa para permitir al presidente Joe Biden elevar la presión contra la gestión dictatorial de Ortega.

Bajo el nombre de Ley RENACER (Refuerzo de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral), se proponen estrategias diplomáticas, incluidas las sanciones selectivas, para que existan elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021.

“(La ley) propone nuevas iniciativas para supervisar, informar y abordar la corrupción del gobierno y la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega, así como los abusos de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

La Ley RENACER también requiere que el gobierno de Estados Unidos aumente las sanciones a los actores clave del régimen de Ortega y amplíe la coordinación con Canadá y la Unión Europea. El proyecto de ley pide al poder ejecutivo que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central”, se informó en un comunicado del comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Apenas la semana pasada la Organización de Estados Americanos (OEA), con 26 votos a favor, de 34 estados miembros, aprobó una iniciativa impulsada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, donde se exige la liberación “inmediata” de los presos políticos en Nicaragua.

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