Los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente. 

A los dos líderes empresariales el gobierno los acusa de “traición a la patria” y lavado de dinero, rumbo a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua, donde el único candidato es el dictador Daniel Ortega.

“Estas acciones represivas del gobierno evidencian un ataque directo al Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y sus principales dirigentes, lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos y tenemos derecho conforme a nuestra Constitución Política”, reclamó el Cosep en un comunicado.

Los empresarios Healy y Vargas fueron activos participantes en la mesa de diálogo nacional tras el estallido de la crisis social del 18 de abril de 2018 contra el gobierno de Ortega. Pedían democracia y les han dado cárcel como repuesta.

Con la captura de los dos dirigentes empresariales ya suman 39 los presos políticos – siete de ellos aspirantes a la Presidencia-, a los que la dictadura de Ortega ha impuesto cárcel desde mayo pasado en que se desató la ‘cacería’ contra líderes opositores

El dictador Daniel Ortega y su esposa Rosa Murillo tienen a hundida a Nicaragua en una crisis socio-política desde el año 2018.

Ante la nueva represión política, la Conferencia Episcopal de Nicaragua llamó a los nicaragüenses a valorar si desean votar en unas elecciones sin oposición, en las que Ortega busca reelegirse por tercera vez consecutiva.

“Ante la situación que vivimos, cada nicaragüense decida y actúe desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia, libremente, para hacer lo que lo que considere más justo y conveniente, en este momento, para Nicaragua”, expuso la Conferencia Episcopal en un comunicado.  

La captura de los líderes empresariales se da un día luego que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución -con la abstención de México, Argentina y Bolivia- donde se acusa al régimen de Ortega de organizar elecciones sin condiciones de transparencia y democracia, además que le demanda la liberación inmediata de los presos políticos.

Los empresarios detenidos por la Policía Nacional permanecerán en prisión preventiva por tres meses, según ha informado el gobierno.

La represión en Nicaragua, desde abril de 2018, ya suma 155 presos políticos, 328 muertos y más de 2 mil heridos además de al menos 100 mil exiliados, registra un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).