El Ejército utilizó el sistema de espionaje Pegasus para saber en tiempo real sobre lo que ocurría con los 43 normalistas, además que narcos, militares, policías locales y estatales, y políticos estaban coludidos, reveló el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes informó al gobierno de AMLO, en febrero de este año, luego que les abrieron los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que el Ejército tenía en operaciones desde 2014 el llamado Centro Regional de Inteligencia Militar, desde donde espiaban con el software israelí Pegasus.

Pese a saber en tiempo real todo lo que ocurría, el Ejército jamás ayudó a los estudiantes.

El entonces coronel José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y más militares estaban coludidos con los narcos; Rodríguez retuvo a seis estudiantes y días luego de la primera matanza el 26 de septiembre, ordenó asesinarlos y desaparecer los restos -según se reveló previamente en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa-.

“Cuando tengamos el texto completo de esas comunicaciones sabremos más; el paradero de los estudiantes y la forma en que fueron trasladados”, expuso Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del GIEI, durante conferencia de prensa este jueves en la Ciudad de México.

El GIEI denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha estado obstruyendo la investigación independiente, mientras que la Sedena y la Secretaría de Marina se niegan para aportar más elementos que ayuden a esclarecer los hechos.

El Ejército mantuvo intervenidos los teléfonos de los narcos del grupo Guerreros Unidos, policías estatales y municipales, políticos y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del 26 de septiembre al 5 de octubre.

Además se reveló que los narcos tenían contacto directo con integrantes de la Marina y que tenían acceso directo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y a los informes a los Centros de Comando (C4).

“Estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal con militares; también se menciona a la Marina, lo que debe de ser investigado. Hay hechos que se realizan de manera coordinada: el acceso directo de Guerreros Unidos a información que se manejaba en el C4; la relación con personas que trabajan en Semefo, con presidentes municipales, jefes de policía, pero sobre todo la relación que existe entre las operaciones del grupo criminal y la investigación que se realizó en Chicago sobre el transporte de droga en camiones”, expresó Claudia Paz y Paz, otra integrante del GIEI, según registra el portal Sin Embargo.

Bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, tanto él como el entonces titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos -preso en Estados Unidos en 2020, acusado por la DEA de narco, hasta que AMLO negoció su regreso a México, donde fue exonerado-, negaron el uso de Pegasus y se aseguró que el llamado Centro Regional de Inteligencia Militar comenzó a operar en 2015. Lo cual ha resultado una mentira.

Además de espiar con el software Pegasus, el Ejército infiltró al menos a un soldado -también desaparecido como los 43- para seguir los movimientos de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa

El papel del Ejército en la matanza y desaparición de los 43 de Ayotzinapa ha desatado la furia de los familiares y normalistas, ante la protección de AMLO a los militares.

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que ha provocado una crisis en el gobierno de AMLO -luego de ser filtrado al diario Reforma-, concluye que tras masacrar a los 43 estudiantes a unos los disolvieron en ácido y a otros los descuartizaron para enterrar en fosas. El Ejército y los narcos actuaron unidos. A ocho años del suceso nadie sabe dónde están los restos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de minimizar la participación del Ejército, con el cual ha fincado pactos y negociaciones más que cualquier otro gobierno, e incluso aseguró ayer que la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, fue porque estaba en desacuerdo en que la Fiscalía General de la República (FGR) librara órdenes de aprehensión contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam -hoy preso-.

“ ‘Fue el Ejército’, sí, se está actuando, pero el Ejército es una institución. ¿Quiénes fueron los que participaron de manera directa, indirecta? ¿Quiénes deben ser castigados? Eso es lo que estamos haciendo. Pero no: ‘Ah, todo el Ejército’. ¿Qué quieren? ¿Que se debilite nuestro Ejército? ¿En beneficio de quién?

“¿Qué quieren? ¿Un Ejército desprestigiado, para que entonces sí vengan las agencias del extranjero y sean ellas las que se hagan cargo hasta de la defensa interior o de la defensa nacional, como en otros países? No, no, no. Tenemos que defender nuestras instituciones”, expresó molesto AMLO durante su conferencia matutina del lunes.

Aunque la renuncia de Gómez Trejo, este lunes, obedeció más bien a su desacuerdo por la cancelación súbita de 21 órdenes de aprehensión contra militares que la FGR ya no quiso ejecutar por indicaciones de AMLO, quien insiste en defender al Ejército.