El presidente Daniel Ortega sigue realizando acciones violatorias a los derechos humanos tras 22 meses de crisis en Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la práctica sistemática del gobierno de Ortega para realizar detenciones arbitrarias contra opositores a su régimen.

#CIDH toma nota de una práctica estatal permanente en #Nicaragua: detenciones arbitrarias, criminalización con cargos desproporcionados, sin garantías procesales para opositores, por ejemplo, para líder estudiantil Kevin Solís y lideresa de @UnidadNic, María Esperanza Sánchez“, denunció la CIDH a través de un tuit.

Apenas el lunes pasado tres estudiantes fueron apresados por participar en las protestas de la Universidad Centroamericana, en Managua, contra el gobierno dictatorial de Ortega. Los acusan de robar 18 dólares a otros estudiante.

La represión gubernamental a las protestas que estallaron en abril de 2018 ha dejado al menos 328 muertos, 2 mil heridos y 88 mil  personas que han emigrado o se han exiliado, según datos de la CIDH

La represión y las detenciones arbitrarias contra opositores al régimen de Danil Ortega ya están sistematizadas en Nicaragua.

El descontento de los nicaragüenses comenzó por la promoción de Daniel Ortega para instaurar reformas que afectan los servicios de salud, las pensiones, educación y otras áreas. Y se han sostenido de forma intermitente. Entre paros nacionales y protestas se pide la dimisión de Ortega quien a su vez acusa al clero y las oenegés de propiciar las revueltas para derrocarlo.

A las protestas de las clases populares se ha sumado el del sector empresarial que ha visto afectados sus intereses también por la política abusiva de Ortega. Ayer el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, denunció que el gobierno de Ortega ha creado cuatro empresas petroleras para gestionar la importación, comercialización, almacenamiento, transporte y distribución de gas y combustible, así como para explorar y extraer el petróleo, reporta la agencia AFP.

Esto luego de que las dos empresas Albanisa y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), controladas por Ortega, fueron sancionadas el año pasado por Estados Unidos acusadas de corrupción.