La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta su peor momento. El fiscal Diego Luciani ha solicitado 12 años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos por presuntos actos de corrupción.

Kirchner, junto con 12 funcionarios más, es acusada de ser la líder de una red de corrupción desde el gobierno para el saqueo de dinero público a través de las licitaciones de obra pública, durante al menos 12 años, bajo el mandato presidencial de su marido y luego el suyo.  

“Néstor Kirchner y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, asegura el Fiscal Luciani, según registra el diario Clarín. El daño al erario público que estima el Fiscal es de 1 mil millones de dólares por 51 obras públicas ‘amañadas’ con la empresa Austral Construcciones.

Los alegatos judiciales concluyeron este lunes abruptamente, luego de nueve audiencias, con la petición de la Fiscalía contra la Vicepresidenta de Argentina.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones…”, es parte del hilo de tuits de Cristina Fernández de Kirchner.

Más tarde la Vicepresidenta volvió a los comentarios en Twitter para acusar el hostigamiento y la violencia en su contra tras protestas con cacerolazos por partidarios del expresidente derechista Mauricio Macri, en las afueras de su hogar.

Licitaciones, decretos, mensajes, incrementos patrimoniales y negocios privados, son parte de las pruebas en las que se fundaron los delitos atribuidos a Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina

El fiscal Diego Luciani solicita 12 años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cualquier cargo público para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Fiscalía de Argentina alega que las obras públicas observadas, con partidas millonarias, nunca fueron informadas al Congreso, no tuvieron controles administrativos, hubo sobreprecios, licitaciones ‘amañadas’ y desvío de fondos, entre otras irregularidades.

La Fiscalía señala como parte del engranaje al empresario Lázaro Báez -hoy preso y condenado a 12 años por lavado de dinero-, a quien el matrimonio Kirchner volvió multimillonario con la asignación de obra pública a su empresa emblema Austral Construcciones durante los años 2003 a 2015.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Báez regresó a los Kirchner los favores con la compraventa de propiedades, firma de un fideicomiso, un préstamo millonario, terrenos permutados, contratos de locación y de explotación de hoteles, cuyo dinero quedo en manos del matrimonio de políticos de la provincia de Santa Fe.

Además se señala a los exsecretarios de Obra Pública, Julio de Vido y José López, como cómplices de los Kirchner.

Al ser detenido en 2016, la Fiscalía incautó a López su teléfono celular aún con mensajes que prueban el entramado de corrupción. Al momento de ser detenido el exsecretario de Obra Pública intentaba esconder bolsas con 9 millones de dólares en un convento. Desde 2019 López purga una condena de 6 años de prisión.

“(Báez) ganó de manera sistemática contratos con los que no podía cumplir; la empresa fue sólo una cáscara para desviar fondos públicos”, expuso el Fiscal Luciani, tras enfatizar que el constructor amigo de la expareja presidencial no tenía experiencia previa en obra pública, y era un simple proveedor.

El proceso judicial sigue su curso e iniciará la etapa del juicio oral y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene 69 años de edad y puede ser absuelta o enviada a prisión domiciliaria a finales de este año.

“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina”, tuiteó el presidente Alberto Fernández, exaliado de Cristina Fernández de Kirchner con quien ha tenido una serie de conflictos permanentes ante la insistencia de la expresidenta de hacerse con el control del gobierno de Argentina.