Ser líder social, activista o defensor de los derechos humanos en Colombia equivale a una muerte segura.
Un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), revela que en 2023 fueron asesinados 181 personas dedicadas a promover y proteger los derechos de las comunidades.
Pese a lo negro de la cifra, el Informe Anual Homicidios a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2023, registra una disminución del 16 por ciento -o 34 personas menos- en los casos de asesinatos en comparación con el año 2022 en que documentaron 215 casos.
“Es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en un comunicado oficial.
La Defensoría del Pueblo de Colombia señala que los sectores sociales más afectados fueron el comunal (37 homicidios), indígena (37), comunitario (36), campesino (13), afrodescendiente (10), víctimas (9), comunidad LGBTIQ+ (7) y el de activistas de derechos humanos (7).
Mientras que los meses más violentos fueron abril (con 19 asesinatos), junio y julio (18 cada uno), diciembre y marzo (17 cada uno).
Los asesinatos de los 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos -160 hombres y 21 mujeres- se registraron principalmente en las regiones donde aún existe conflicto armado entre guerrillas y gobierno, con un 44 por ciento de los casos en los departamentos de Cauca, Antioquía y Nariño
“Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro. Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención y garantías para quienes defienden los derechos humanos.
“La institucionalidad debe aumentar sus esfuerzos para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad. Es apropiado optar por estrategias focalizadas en Cauca, Antioquia y Nariño, sobre todo, en los municipios donde hubo una mayor cantidad de homicidios. También hay que contemplar un trabajo fuerte en los lugares donde los actores armados ilegales se disputan los corredores estratégicos de economías ilícitas”, llamó el Defensor del Pueblo al gobierno del izquierdista Gustavo Petro.
En los últimos ocho años, cerca de 1 mil 300 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, donde el conflicto armado interno no cesa desde el año de 1960 -aunque se han dado diversas treguas o desaparición de guerrillas-, siendo la exnarcoguerrilla del FARC la que más muertes ha provocado en la población civil.
- Foto: EFE
- Gráfico: Defensoría del Pueblo de Colombia
