El último informe del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michael Frost, ha sacudido a Colombia al revelar que el país es el más mortífero para defender los Derechos Humanos.
Desde finales del 2016, tras la firma de los acuerdos de paz entre la narcoguerrilla FARC y el gobierno de Colombia, se han contabilizado 323 asesinatos de defensores de Derechos Humanos, revela el informe de la ONU.
Frost expuso estos datos y sus conclusiones del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, lo que ha elevado la tensión entre el gobierno de Iván Duque y Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
“Los que están en mayor riesgo son los líderes sociales que defienden los derechos humanos en áreas rurales, en particular de aquellos que aplican el acuerdo de paz y defienden los derechos medioambientales, la tierra y los pueblos indígenas y afrocolombianos.
“Las agresiones ocurren cuando elevan su voz frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales”, expuso Frost en sus conclusiones, según da cuenta la agencia AFP.
No sólo la ONU ha levantado la voz contra la matanza de defensores de Derechos Humanos; la oenegé irlandesa Front Line Defenders, reprobó que en Colombia se haya asesinado a 107 personas defensoras de Derechos Humanos tan sólo durante 2019. Lo que representa el 34 % del total de asesinatos en el mundo hacia los defensores.
La matanza en Colombia alcanza además de los defensores de Derechos Humanos, a activistas por la liberta de expresión, derechos de la comunidad LGBTTI, defensores del mediamiente y derechos indígenas y campesinos.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registra que tan sólo en los primeros 14 días de enero de 2020 se asesinaron a 20 líderes sociales, más de uno al día, según reporta el diario colombiano El Espectador.
En su reporte final para la ONU, Michael Frost ha dicho que el alto número de asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia obedece a la total impunidad que impera en este país sudamericano. A la que se suma la estigmatización y criminalización de los líderes sociales.
La mayor parte de los 323 asesinatos registrados desde finales de 2016 han ocurrido en zonas controladas por el narcotráfico y grupos paramilitares.
“Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales son afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, ha refutado la canciller colombiana Claudia Blum, a través de un video que circula en redes sociales, luego de conocerse los resultados del informe de la ONU.
La impunidad en los casos alcanza más de un 89 por ciento. Apenas 11 casos han sido clarificados y los responsables de los crímenes llevados a prisión.
- Fotos: Reuters/El Espectador
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