La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 15 recomendaciones al gobierno de Daniel Ortega por la matanza de al menos 76 personas.

La CIDH registró que durante las protestas en Nicaragua –hace un mes- hubo disparos de francotiradores contra estudiantes y población civil que protestaban por las reformas a la ley de seguridad social. Lo que supone que el gobierno de Daniel Ortega efectuó ejecuciones extrajudiciales.

El 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. En los sucesos muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas. Uno de los cuales fue el adolescente Álvaro Conrado de 15 años de edad, impactado de bala en su cuello y cara cuando ingresaba agua a la universidad, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores (…)

Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional (en Managua) y en Matagalpa (al norte del país). Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales. La CIDH considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público”, se expone en parte del informe de la CIDH, luego de la reciente visita realizada por una comisión del 17 al 21 de mayo.

Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos,  76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas

La población en Nicaragua se ha levantado contra Ortega.

Además de la presunción de las ejecuciones extrajudiciales, la CIDH registró un abuso sistemático contra estudiantes, población civil, periodistas y defensores de derechos humanos que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega.

El resumen de la relatoría de hechos que concretó la CIDH es demoledor. Se reunió información documental, audiovisual, además de centenares de entrevistas con testigos y afectados que demuestran graves violaciones a los derechos humanos y un uso excesivo de la fuerza del Estado. Además de registrarse un bloqueo sistematizado contra periodistas y medios de comunicación para evitar la libre difusión de los hechos.

La delegación a cargo de la visita estuvo liderada por la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua, quien estuvo apoyada por el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; y el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, por citar algunos.

Otro señalamiento delicado de la CIDH al gobierno de Ortega es que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en que ocurrieron las muertes; y en muchos casos ni siquiera se practicaron autopsias.

La CIDH ha registrado una grave violación a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

Los obispos nicaragüenses de la Iglesia Católica se han convertido en los líderes de la inconformidad social y ya están exigiendo una reforma constitucional, además de la justicia para las familias de los fallecidos, a fin de que existan en breve nuevas elecciones para democratizar al país. En resumen, romper en definitiva y para siempre con el régimen de Ortega.

De las 15 recomendaciones al gobierno destacan: cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas; crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley; desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.

Además de garantizar la vida e integridad de las personas, el derecho a la libre manifestación, el derecho a la información, así como ofrecer garantías para que no se violente o generen represalias contra las personas que apoyaron con información el informe de la CIDH.