El gobierno federal anunció que investigará a jueces y fiscales involucrados en el Caso Ayotzinapa tras la liberación del principal sospechoso.
Luego que un juez ordenó la liberación, el fin de semana, de Gildardo ‘El Gil’ López Astudillo, integrante del Cártel Guerreros Unidos y acusado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de AMLO ha vuelto a chocar contra el Poder Judicial, pues podrían liberar a 50 sospechosos más.
Alejandro Encinas, titular de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y líder en la investigación del Caso Ayotzinapa, ha informado que con El Gil ya son 53 los sospechosos liberados, de 142 detenidos.
“Con el precedente de la libertad de López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso”, alertó Encinas.
Entre los sospechosos aún presos están el líder del Cártel Guerreros Unidos, y varios colaboradores, además de policías de Iguala, Cocula
La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió en Iguala, Guerrero entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, bajo el mandado de Enrique Peña Nieto. Y meses luego el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dio a conocer -en enero de 2015- la ‘verdad histórica’ donde se aseguraba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula.
“La fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la ‘verdad histórica’ va a alcanzar a todos los responsables de este dictamen que emitió la Procuraduría”, advirtió Encinas.
El Caso Ayotzinapa ha estado lleno de contradicciones, irregularidades, y principalmente de acusaciones de tortura para que los detenidos ‘confesaran’ el crimen, algo que fue documentado en su momento por la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Ahí están las debilidades, lo anticipamos, para que no digan que es nuevo, busquen el primer reporte de mayo de 2015”, reiteró ayer Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
El juez que liberó el fin de semana a El Gil –detenido en septiembre de 2015 y preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México-, desestimó 81 pruebas que presentó en su momento la antigua PGR, bajo el argumento de que se recabaron de forma ilegal: con tortura y detención arbitraria.
“Me hincaron y me esposaron con las manos hacia atrás y me metieron la cabeza en una bolsa de plástico donde me asfixiaban (…) me daban golpes con el puño cerrado y con la palma de la mano abierta (…) Ahí mandaron traer una doctora que les dijo que traía perforado el tímpano“, declaró El Gil ante un juez en septiembre de 2015 tras su detención.
Lo que ha omitido Encinas y el gobierno de AMLO, es informar qué es lo que han hecho la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Sánchez, y la llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, pues desde su llegada no han aportado una sola prueba nueva para contrastar a la llamada ‘verdad histórica’ heredada de la PGR.
Ahora, con la liberación de El Gil y la falta de nuevas pruebas por parte del actual gobierno federal, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos y autor intelectual de la persecución de los 43, podría ser el próximo en quedar libre. También ha señalado que fue torturado para ‘confesar’.
Mientras el gobierno de AMLO anuncia que va contra jueces y fiscales, la pregunta obligada es cuándo irán por los responsables del asesinato y desaparición de los 43. El nuevo gobierno ya tiene 9 meses sin aportar nuevas pruebas o verdades sobre el Caso Ayotzinapa, lo que le hace también responsable de esa negligencia interminable.
