Los tiempos del dominio que ejercía la temible Mara Salvatrucha, una de las pandillas más sanguinarias del mundo, están llegando a su fin en El Salvador. El polémico presidente Nayib Bukele usa al Ejército desde marzo de este año para arrasar con ellos.

Este fin de semana 10 mil militares cercaron la ciudad de Soyapango, parte del área metropolitana de la capital San Salvador, para detener a pandilleros registrando casa por casa. El estado de excepción en el país rebasa los ocho meses y acumula 58 pandilleros y expandilleros enviados a prisión.

A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8, 500 soldados y 1, 500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”, tuiteo el presidente Nayib Bukele este sábado.

Las tropas militares controlan el acceso y salida de los ciudadanos, previa identificación, además de registrar casa por casa para dar con integrantes de pandillas, como la temida Mara Salvatrucha, para llevarlos a prisión.

La medida del estado de excepción ha provocado reclamos de las organizaciones en defensa de los derechos humanos ante la brutalidad del Ejército en las detenciones arbitrarias y sin orden de un juez, hecho que contrasta con la aprobación del 75 por ciento de los 6.5 millones de habitantes de El Salvador que apoyan las acciones de Bukele, según registra una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana.

El estado de excepción, un eufemismo para nombrar la operación militar en el país sin restricciones legales, derivó luego de una matanza de 62 personas por pandilleros en un solo día el pasado 23 de marzo

Te registran y te piden tus documentos de identidad para verificar dónde vives, pero está bien, es por nuestra seguridad”, declaró este fin de semana un hombre, que prefirió no identificarse, a la agencia AFP.

Aunque este tipo de comentarios de aprobación también contrastan con el rechazo de otros ciudadanos que ven en el Ejército a otro tipo de pandilla peligrosa.

Ahora usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo porque se lo puede llevar la policía, y peor a usted que anda tatuado (…) Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal. Se han vuelto como otra pandilla”, relató Eva, una mujer de 27 años vecina de una colonia popular de San Salvador, en entrevista al diario El País este fin de semana.

El próximo miércoles Human Rights Watch y la oenegé Crisostal presentan un informe donde darán cuenta de las violaciones a los derechos humanos por las detenciones arbitrarias, la brutalidad y desapariciones forzadas por parte del Ejército.

Uno más que se suma a un primer informe de Amnistía Internacional que concluyó que el estado de excepción en El Salvador es hoy sinónimo de violaciones masivas a los derechos humanos.

Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia. Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, reclamó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el pasado 2 de junio.