No es un evento nuevo pero sí es preocupante la insistencia actual de que la crítica deba contener algo más que reflexión, claridad y señalamiento.

Para nadie es ajeno saber que en los últimos años, al emitir un juicio, se nos exige reunir ante todo una buena voluntad para aportar soluciones. Esta disposición a correlacionar reflexión crítica con agenda política es cada vez más socorrida, no sólo por los empleados de los políticos cuyo asesoramiento estriba en gran medida en controlar la opinión negativa de su electorado, sino que también pulula al interior de los grupos de investigación en universidades y en organizaciones culturales que traslapan protocolariamente propuesta con positividad.

Parece que, ante un escenario en el que todos los días emerge un problema nuevo, lo urgente es generar una lluvia de ideas y no es posible detenerse a inspeccionar con cuidado la catástrofe sin que se señale esto como un estorbo.

Es probable que la emergencia por disparar opiniones llenas de utilidad e información técnica se haya convertido en una obligación a partir de que se recuerda muy poco el derrumbe de los grandes relatos y el saber que desde ellos se configuraba. Volver al análisis de las condiciones en que ocurrió esa caída no ha sido tan redituable en lo social como lo ha significado el izamiento de las grandes consignas. Éstas se han postulado en los últimos veinte años casi incuestionables porque en su centro opera algo de verdad ―de inquietudes ilustradas―, la suficiente para que sea eso lo que sirve de acicate a su carácter impositivo.

Es sobre todo en lo relativo a los códigos de comunicación que las consignas posmodernas se ponen de manifiesto, como en anular la discriminación lingüística, maximizar el respeto a la diversidad, diversificar el poder, ponderar la libre elección de identidades, entre otras; y entre esas otras aparece la crítica.

La condición y vigencia de la crítica no generan un debate urbano porque justamente es el hueso epistémico más duro de roer

Se ha dado por sentado el deber de que sea constructiva; se proclama por todos los medios que el que crítica debería ser respaldado por su historial como luchador social; y, aunque sea sólo en su imaginario, también se le exige la filiación a un sector organizado con su correspondiente perfil ideológico.

Desde ese condicionamiento es que se dibuja una nueva forma de bloquear la reflexión crítica, ocuparnos de cómo opera desde las diferente instancias que lo reproducen es importante porque desde ahí se siguen acallando voces con la aparente estatura moral del que sí hace algo.

Lo ilustrativo de esta diatriba en la comunicación social es la exigencia de que la crítica debe buscar una pareja conceptual que la acompañe. Del mismo modo en que fueron condicionadas la teoría y la praxis o el sujeto y el objeto en la historia del pensamiento. Se le exige el compromiso con una noción que funja como compensación a su falta y que sin la cual no sólo vale poco sino pareciera que actúa en detrimento de sí misma. Un sinsentido, una inutilidad que quema las manos, es aquello que expresa el que critica cuando sus juicios no van predicados con algún buen intento por mejorar las situaciones problemáticas, pese a que con sus palabras logre dilucidar funcionamientos no evidentes en principio, y que luego se intentan legitimar con normalidad. De nada vale su escaneo de contradicciones si no lleva consigo una propuesta de solución.

La obligación de cada persona de tener que justificar su perspectiva del estado de cosas con una postura óptima que demuestre ser más útil y más benevolente que lo que dijo el otro, es uno de los tantos tipos de moralización de la vida pública contemporánea. No obstante, su nacimiento no ocurrió en la historia reciente, es añejo y está vinculado a las derivaciones de la noción de Praxis que se han cosechado oportunamente de la semilla marxista.

El despojo a la crítica de su momento racional proviene del marxismo ortodoxo y se emparenta a nuestro tiempo a partir de los movimientos europeos en la década de los sesenta, cuando los estudiantes y obreros confluyeron en las calles con el objetivo de barrer con el Estado. Ambos momentos coinciden en la forma instrumental en que se apropian de la noción de praxis. Originalmente, Marx postula a la praxis como una transformación epistemológica más que una lucha a palos entre las clases sociales; aunque las condiciones materiales hayan trascendido y sus contradicciones hayan propiciado una transformación, ésta ocurre primeramente a nivel del entendimiento. La praxis es la detección de contradicciones que perturban nuestra comprensión del mundo, al no corresponder éste con los paradigmas que intentan explicarlo.

Sin la ‘praxis’, en palabras de Adolfo Sánchez Vázquez, no hay realidad humana, y sin ésta tampoco hay conocimiento

La primera lectura propagandística del término se desata cuando el proletariado emerge como el sujeto colectivo que experimenta a ras de piso esas contradicciones, que se le muestran claras materialmente porque las sufre y, por cuya proximidad, es capaz de llevar a cabo un reposicionamiento de intereses. La transformación como la oportunidad de una nueva lectura del mundo quedó vinculada fuertemente con la lucha como acción social. Se condenó a la praxis a ser un conjunto de reyertas ―planificadas o no―, es decir, a ser el instrumento, extensivo al pensamiento, a través del cual el sujeto colectivo logrará la emancipación. La ortodoxia marxista consagró esta postura y la llevó hasta donde pudo. Los daños institucionales y humanos no fueron menores; sin embargo, en el entramado social, a partir de ese momento el pensamiento político quedó escindido entre una praxis que “sólo interpreta” y otra que “sólo transforma”.

Los movimientos estudiantiles de loable acción política del siglo XX, emblemáticos desde su nacimiento, no cuestionaron la fractura entre teoría y praxis, sino que optaron por fundamentar la idea de que la mejor presentación de ésta se traducía como presión social pacífica en las calles. La racionalidad con la que se aderezaba estas iniciativas construía una relación más estrecha con la tarea de actualizar nociones conquistadas en la Ilustración: generación de opinión y conformación de público. De este modo, la expresión pública de descontento se limitaba ahora al uso moderado –racional- de una colectividad parlante.

Esta praxis instrumental sin violencia se vinculó a prisa con el quehacer crítico propositivo. Haber depurado a la toma de acción política, alejó aún más la constitución de la praxis como un asunto epistémico, que no es instrumental como en la ortodoxia marxista ni, mucho menos, es una plataforma moral como se ha erigido en la actualidad.

La praxis, en su sentido añejo ligado a la lucha a pie de calle pero despojada de la legitimidad de la violencia, se ha posicionado subrepticiamente como el respaldo curricular de la crítica. Asistencia a manifestaciones, trabajo legislativo, apoyo a ONGs, son básicamente el starter pack con el que se obtiene el derecho a la reflexión crítica. Ese tufillo soviético que desprende la transformación como el cambio de condiciones materiales de manera efectiva es, en nuestros días, una postura que además de ingenua ―por reduccionista―, carece del ímpetu y la valentía propios de los tiempos bolcheviques, cuyas maneras de operar sí que eran verdaderamente efectivas e inmediatas.

Tenemos entonces, por un lado, una praxis transformadora que se ha decantado en lucha social expresiva pero menguada en cuanto a los medios transformadores, la violencia, que requiere como principio; y, por otro lado, tenemos el intento de bloqueo a la reflexión crítica por carecer de empatía de calle y organización. Este entramado conceptual que desplaza lo epistémico y ambienta nuestros medios de comunicación y nuestros medios sociales es interesante en la medida en que se indague sobre las ganancias de este atolladero en la medianía.

La demarcación de la crítica y la aparente fundamentación de una exclusividad política es una nueva forma ideológica para anular la opinión de los individuos. En realidad, lo que se sanciona no es la falta de empatía por la lucha social en las calles, sino la no afiliación a la agenda política de los organizadores. El derecho de los individuos a expresarse sin formar parte de un colectivo es el problema de fondo de las relaciones públicas de cualquier tipo de asociación civil y organización política pues les impide aglutinar ciudadanos.

La crítica es el vehículo de la reflexión no del proselitismo de oposición, encallado desde prácticamente los últimos veinte años en organizaciones y en la defensa de posiciones políticas que se disfrazan de civiles en busca de notoriedad

En el momento actual, la forma útil de presión social se mide por el poder de convocatoria y movilización que tenga una causa. Esto provee no sólo el poder para negociar posiciones sino el acrecentamiento de capital en colectivos, organizaciones o candidatos que se manejan como empresas.

Hace más de setenta años, cuando las campañas políticas empezaban a capitalizarse, varios teóricos como J. H Kaiser, O. Kirschheimer o el más ampliamente citado J. Habermas, advirtieron con agudeza que las organizaciones civiles se fortalecían a través del prestigio de su posición sin que esto supusiera –por lo menos― una discusión sobre su compromiso para con el resto de la sociedad. Lo que las colocaba en la tarima de la autoridad moral con, además, el aura de tener buena voluntad y disposición en la búsqueda del bien común. En suma, se les había colocado en una posición ventajosa.

La sociedad civil muestra toda la iniciativa para ser reducida a un escaparate de gente que sí transforma las condiciones o que al menos lo intenta, pero que, irónicamente, se encuentra replegada a la defensa del mantenimiento de una estructura que funciona para que las cosas perduren sin renovarse.

Se presume de una exclusividad de la praxis que convierte a la sociedad civil  en un eje paralelo al Estado que, en el mejor de los casos, lo legitima en su aparente apertura a la pluralidad de convicciones, por un lado. Y, por otro lado, las múltiples sociedades civiles manejan un capital económico y, sobre todo, de movilización gratuita que no contribuye a la construcción de una plataforma civil para el compromiso político. Sin mencionar que se vuelven parte del lastre cuando al Estado le llega la hora de compensar intereses, ya sea porque sus peticiones apelen a la benevolencia o por la presión social directa que son capaces de generar.

  • Ilustración: Ciler (Alexis Mata)