He leído con atención cada punto establecido en la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Habrá un retroceso en la materia para México, de llegarse a implementar dicha reforma.

Ojalá que la Suprema Corte de Justicia intervenga y haga lo conducente para detener la militarización de la ciencia en México. La nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un paso más hacia la militarización del país.

Quien diga lo contrario es porque no ha leído el documento, porque sus dichos emanan desde las entrañas y el resentimiento social, y porque está carente de formación intelectual, conocimiento en la materia y decencia. La Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación parece más una venganza de Andrés Manuel López Obrador contra el gremio de científicos mexicanos que una reforma; es una iniciativa con claros sesgos ideológicos y dichos sin sustento.

Diagnóstico

En las primeras 21 páginas del documento se comparte un diagnóstico histórico sobre la ciencia en México. Dice que, el 28 de diciembre de 1950 se creó el Instituto de la Investigación Científica y que, el 29 de septiembre de 1970, se fundó el CONACyT. Agrega que, de Vicente Fox a Enrique Peña Nieto, el CONACyT sirvió para satisfacer las necesidades de las empresas, así como incrementar el gasto privado en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

“Vinculó a los centros públicos de investigación con el sector privado. Acompañado de la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigadores [el SNI]”, además de la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos y sociales los avances en la innovación y la ciencia financiadas con recursos públicos, “mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante”. 400, 000 científicos mexicanos residen en el extranjero, según cifras de la administración pública de Andrés Manuel López Obrador.

“Se dejó de lado el interés nacional y el bienestar social, y se privilegió la rectoría del sector privado sobre los centros públicos de investigación científica”.

En resumen: las políticas públicas neoliberales sobre la ciencia [de Vicente Fox a Peña Nieto], alentaron la fuga de cerebros y la pérdida de patrimonio intelectual.

Y agrega: “el CONACyT toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística y científica”.

De acuerdo con López Obrador, este reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas de inscripción y colegiaturas. “Mientras dejó sin apoyo a programas de posgrado en medicina y ciencias de la salud, matemáticas o historia, el CONACyT promovió un esquema de negocios basado en la mercantilización de la ciencia y la educación. Esta política fue en detrimento de los posgrados públicos y en beneficio de los posgrados privados”, sentencia el documento que hoy es ley.

En el marco de la reforma educativa-administrativa-laboral de Enrique Peña Nieto, se crearon 330 programas de posgrado en el área de educación, de los cuales 68 [21%] fueron impartidos por instituciones de educación superior públicas, mientras que 262 [79%] fueron ofrecidas por instituciones privadas. “La mayoría de estos programas simulaban procesos de formación en investigación, para que los docentes de educación básica cubrieran los requisitos de acreditación de la carrera magisterial, para asegurar plazas, promociones y mejoras salariales”. Desde su lugar y con sus vicios morales, los maestros de educación básica en México, también participaron de la trama de corrupción revelada por el obradorato.  

La pandemia de Covid-19 evidenció la corrupción y la fragilidad de la ciencia en México, sin omitir el déficit en formación de recursos humanos. Mientras que en México hay 2.4 médicos por cada 1 mil habitantes, en España y en Argentina existen 4

En el 2020, el CONACYT fue obligado a extinguir los 65 fideicomisos que había creado. Se recuperaron casi 22 mil millones de pesos. En el mismo año, CONACyT publicó su nuevo reglamente del Sistema Nacional de Investigadores [SNI]. CONACYT implementó los Programas Nacionales Estratégicos [PRONACES], con el objetivo de atender problemas prioritarios como la leucemia infantil y el cáncer.

Objetivos

La administración de López Obrador se ha caracterizado por realizar diagnósticos fantásticos y precisos, siempre que de la “era neoliberal” se trate. El problema es cuando el obradorato tiene que ofrecer soluciones. Diagnostica genialmente, pero ejecuta con deficiencias, prejuicios y rencores que lo vuelven errático y destructivo.

En su nueva ley, el gobierno de López Obrador presume haber creado la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, la difusión de conocimientos y saberes tradicionales de las comunidades campesinas; el indexar acervos digitales en español y lenguas indígenas, y el editar la Colección Ciencia por México [libros impresos y digitales]. Sin olvidar que el 31 de enero del 2022, el CONACyT registró como suyo el ventilador mecánico Ehécatl 4T. Son logros insuficientes, propios de un gobierno que no asume sus responsabilidades y que siempre culpa al pasado.

La nueva ley en materia de ciencia y tecnología establece:

El derecho humano a la ciencia [el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica].

2.- El Estado será quien ejerza su rectoría.

3.- Eliminar prácticas que socaven la participación de la mujer en la esfera científica y tecnológica.

4.- Se priorizará el apoyo a investigaciones sobre salud y alimentación.

5.- Capacitar a los profesionales de la salud en la utilización, aplicación de tecnologías y el uso de medicamentos modernos resultantes del progreso científico.

6.- Se privilegiará la difusión de la ciencia, el pensamiento crítico, la responsabilidad social y ambiental, la preservación del patrimonio biocultural de México y los saberes tradicionales, así como los principios del humanismo, la equidad de género y la no discriminación.

7.- El Estado mexicano se encuentra obligado a regular, alentar y proteger la investigación en la materia, a través de sus instituciones y mediante la promoción del desarrollo del sector privado con la finalidad de que contribuya al desarrollo económico nacional, mediante la generación de una industria sustentable, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

8.- Garantizar conforme a la disponibilidad presupuestaria el acceso universal a becas a los estudiantes que cursen posgrados.

9.- Impulsar la ciencia básica y de frontera.

10.- Crear un sistema nacional de información, un sistema nacional de publicaciones, una red nacional de jardines Etnobiológicos y la edición-publicación de libros, revistas y boletines.

11.- Reivindicar el papel de las humanidades en el quehacer científico.

12.- La nueva ley establece la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos, cuyo objetivo es contribuir en la construcción de una sociedad más libre, igualitaria, libre y próspera, fundada en el pensamiento racional, reflexivo, dialógico, crítico y creativo, así como en la pluralidad y equidad epistémicas.

13.- La Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

14.- En un plazo de un año, contando a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Nacional expedirá las disposiciones reglamentarias y administrativas.

15.- Se llamará: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Metodología

El CONACYT se convierte en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Será el organismo articulador del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El Consejo Nacional contará con una Junta de Gobierno integrada por las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, y de Salud.

“A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras…” Contará con una dirección general, cuya persona titular será designada por el Ejecutivo Federal.

En el artículo 63 se establece que, “en su carácter de presidenta o presidente de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional, la persona titular de la Dirección General invitará a formar parte de este órgano, con voz y voto, a seis representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, quienes contarán con un suplente”.

En los párrafos anteriores hay suficiente evidencia como para que la comunidad científica se revele. Primero, el titular del nuevo CONACyT será nombrado por el Ejecutivo Federal, lo que significa que se colocará a una persona con ideología afín al régimen [recuerden que importa la lealtad, no la preparación]. Segundo, habrá una Junta de Gobierno que gobernará, en sentido estricto, al nuevo CONACyT. Las juntas de gobierno son propias de las dictaduras, y las dictaduras, por definición, son militares. La ciencia en México se militariza. Tercero, los científicos no tendrán voz ni voto, pero los “representantes de la comunidad”, sí. Es decir que, el pueblo bueno decidirá qué proyectos científicos se aprueban. ¡Hágame usted el favor!

¿Y por qué López Obrador le está entregando la administración completa del país a los militares? Porque ellos lo apoyarán para que su movimiento político se perpetúe en el poder, comenzando por el 2024, coyuntura en la que, no respetarán los resultados electorales

No perdamos de vista que en el 2024 se elige presidente y también se renueva el poder legislativo. La 4T necesita mantener el control total; si pierde la mayoría en el congreso, de poco le servirá imponer al Ejecutivo Federal. Ahí es donde entrarán a escena los militares. Van a forzar un gobierno dictatorial.

Veremos hasta dónde tolera Estados Unidos lo que sucede en México. En el momento en que las locuras de López Obrador representen una amenaza para su seguridad nacional, intervendrán. Por lo pronto, se viene la extradición de Ovidio Guzmán y la captura de los otros hijos del señor Guzmán Loera. Será un golpe fuerte para la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque, ni duda cabe que, en muchas elecciones locales, estuvo involucrado el narcotráfico, jugando a favor de Morena. Este gobierno es profundamente corrupto e inmoral.

Y aunque en el artículo 8 se estipula que, “el Estado garantizará las libertades de investigación y cátedra”, con una Junta Militar decidiendo todo al interior del CONACyT, dudo mucho que esta premisa se cumpla. En el capítulo IV, artículo 20, se precisa que, “la evaluación del gasto nacional se debe realizar conforme a criterios e indicadores de bienestar que permitan medir sus efectos en el desarrollo social y económico del país”. Los “indicadores del bienestar” son un agujero negro que se prestará a interpretaciones, subjetividades e intereses. Será la Junta Militar que gobierne al CONACyT quien decida y modifique los parámetros científicos.

El Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se integrará por el Consejo Nacional, la SEP, los Centros Públicos, las universidades públicas y las comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables “que promuevan el acceso universal al conocimiento”. En el artículo 21 se establece que el Consejo Nacional avalará, censurará y modificará el presupuesto anual para ciencia, tecnología e innovación. Es decir que, bajo los nuevos parámetros, cualquier conocimiento será ciencia: una limpia con huevos, un temascal. El daño y el retroceso será generalizado e incidirá en la calidad de vida de todos los mexicanos. La brujería, el ocultismo y el chamanismo se volverán ciencia con López Obrador. El periodista Pedro Ferriz nunca estuvo equivocado en sus afirmaciones.

Será la Junta de Gobierno del Consejo Nacional, conforme a una Agenda Nacional, quien maneje los destinos de la ciencia en México [artículo 38]. El numeral 6 del artículo 25 establece que, “las entidades paraestatales podrán ser reconocidas como centros públicos de investigación humanística y científica”. Imaginen el dinero que desviarán las autoridades a través de las entidades paraestatales. Piensen, por ejemplo, que la Secretaría del Bienestar se convierta en centro público de investigación humanística y científica. La medida, claramente, está pensada para acceder al dinero público destinado a ciencia y tecnología, para luego desviarlo a sus proyectos personales de gobierno. Recordemos la trama de Segalmex.

En la nueva era del CONACyT, las becas serán limitadas y restringidas. En el artículo 30 se afirma:

“Para la asignación de becas al extranjero y, en su caso, apoyos complementarios, el Consejo Nacional considerará la relevancia y el aporte del proyecto al desarrollo humanístico, científico, tecnológico y de innovación, la trayectoria académica y profesional de las personas aspirantes, así como su orientación al estudio o investigación en áreas y temas que defina la Junta de Gobierno del Consejo Nacional en el marco de la Agenda Nacional”.

Si no eres, ideológicamente cercano al régimen de la 4T, no habrá becas para ti. La ciencia debe estar alejada de ideologías. La ciencia debe ser neutral. Insisto: el daño al país será de dimensiones mayúsculas. Los científicos que permanezcan en el sistema, tendrán que ser afines al régimen

En sentido estricto, y con la evidencia que significa la propia ley, se acabará la libertad de investigación en México. El país perderá competitividad económica, lo que significa que nos empobreceremos más. Con la entrada en vigor de la nueva ley, la ciencia se convertirá en charlatanería.

Lean con detenimiento los siguientes dos artículos de la ley aprobada:

Artículo 78.- Serán considerados como Centros Públicos, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que, de acuerdo con su instrumento de creación, tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, y que sean reconocidas como tales por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional.

Artículo 76.- La Junta de Gobierno del Consejo Nacional, a propuesta de la persona titular de la Dirección General, emitirá el Reglamento General del Sistema Nacional de Centros Públicos. Expedirá las Bases Generales para la Profesionalización del Personal de los Centros Públicos, que incluirán mecanismos de acceso y promoción, programas de desarrollo profesional y actualización permanente de las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras, así como del personal técnico y administrativo, con el propósito de garantizar su estabilidad laboral, permitir su adecuado desenvolvimiento profesional, renovación y movilidad, así como reconocer su antigüedad en caso de cambiar su adscripción dentro del Sistema Nacional de Centros Públicos.

A los científicos-investigadores mexicanos les terminará sucediendo lo mismo que a los maestros de educación básica del país. Los llenarán de cursos sin sentido, de capacitaciones sin rumbo y sin claridad. Les pedirán 200 horas de talleres de adoctrinamiento. En educación básica existe una sobresaturación de consejos técnicos escolares en donde se discuten proyectos educativos que siempre se están modificando. Se llama vigilancia y control estatal. Eso mismo les ocurrirá a los científicos mexicanos. Es control político, vigilancia, desgaste y pauperización.

Cierre

La prioridad de la nueva ley no será la generación de conocimiento, sino el adoctrinamiento, la obediencia y la divulgación de la ciencia. Es una ley enfocada y centrada en la divulgación y no en la producción científica. Me parece vergonzoso que el gremio de científicos mexicanos sea incapaz de leer el documento completo avalado por el senado mexicano. Es el momento de mostrar su inconformidad.

El daño no será, únicamente, para la comunidad científica, sino para el país en su conjunto. No se trata sólo de limitar los privilegios de las “vacas sagradas” y de acabar con las corruptelas del CONACyT neoliberal, y sus compinches los empresarios. Hay más en juego. Es una ley que discrimina y estigmatiza a las universidades privadas, pero exige inversión de la iniciativa privada en el desarrollo científico. ¡Vaya contradicción! La ley miente cuando afirma que, mediante las estancias posdoctorales se acaba con el desempleo de los doctores-investigadores.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es mentiroso y manipulador. Las estancias posdoctorales son un paliativo, un mejoral: duran 2 años (a veces 1) y después los doctores van al desempleo o emigran del país. La ley aprobada por el congreso morenista omite el compromiso de invertir en ciencia, al menos, el 1% del PIB; no se compromete a crear nuevas plazas que den certidumbre laboral a los doctores-científicos formados con recursos públicos, y desde luego, se olvida de fundar nuevos centros de investigación con auténtica vocación científica. Los genios de la 4T decretan que las secretarías de Estado también funcionen como centros de investigación. ¿Ocurrencia o estupidez? Corrupción, será el común denominador. Es una ley destructiva, hecha con el estómago. Sólo falta que declaren a las Universidades Benito Juárez García como centros de investigación.

Según la ley, “los centros públicos son fundamentales para alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país. Los centros públicos son instrumentos al servicio de la humanidad, y no dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la productividad laboral”. Huelga decir que la ley necesita de adecuaciones y mejoras para cumplir con los objetivos deseados. En las condiciones en que fue aprobada, esta nueva ley hará más daño que bien.  

De acuerdo con Morena, hay dos razones importantes que justifican esta ley:

1.- Que el Sistema Nacional de Investigadores [el SNI] permaneció al margen de los problemas nacionales. “En su diseño y operación prevalecieron criterios elitistas y de evaluación productivista que promovieron el trabajo aislado, la jerarquización y la competencia entre las personas investigadoras, así como la simulación de actividades relacionadas con las ciencias, las tecnologías y la innovación, en tanto que se ponderaban las publicaciones científicas sin valorar su incidencia efectiva en el avance del conocimiento universal o en la atención de los problemas nacionales”.

2.- Abandono de la gestión de la propiedad intelectual. “Desde 1970, año de su nacimiento, el CONACYT cuenta con 12 registros de propiedad industrial a su nombre; el último de ellos data de 1982”.

IX del artículo 33.- Los derechos de propiedad intelectual relacionados con los resultados obtenidos por las personas beneficiarias de los apoyos otorgados por el Estado, responderán al interés público nacional y al bienestar del pueblo de México.

Es insuficiente, vengativa y nociva para México. Se necesita refundar a la ciencia en México, pero no de esta manera. Es una ley llena de sesgos, arbitrariedades, abusos y mentiras. En humildad de rigor, es una ley de divulgación de la ciencia.

  • Ilustración: CMDPDH