Como ciudadano preocupado y afectado por las deficiencias del sistema educativo nacional, escribo estos párrafos al presidente Andrés Manuel López Obrador, con la esperanza de que mejoren las cosas.

1.- Un número considerable de científicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores de México [SNI-CONACYT], estamos desempleados, ante la incapacidad del sistema de educativo mexicano de abrir nuevas universidades. Debo decir que el proyecto de las Universidades Benito Juárez, es inviable por las paupérrimas condiciones laborales que ofrece: no son la solución al desempleo que padecemos los científicos miembros del SNI-CONACYT. El gobierno debe fortalecer y ampliar las universidades públicas ya consolidadas. Con todo respeto, las UBBJ no son un proyecto serio. Los miembros del Sistema Nacional de Investigadores de México, que padecemos desempleo, merecemos un espacio laboral digno. Mucho hemos trabajado. El gobierno ignora nuestra realidad laboral.

2.- Si la pretensión de su gobierno es acabar con la corrupción, debe aplicarse en depurar, sustancialmente, al sistema educativo mexicano, uno de los espacios, históricamente, más corruptos de México. El más claro ejemplo de la referida descomposición es el proceso de admisión y promoción docente 2020-2021, mismo que fue un desastre. La USICAMM es un espacio que debe mejorar, en lo inmediato.

3.- Entiendo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrope a los egresados de normales públicas, en la asignación de plazas como maestros del sistema educativo nacional, por compromisos de campaña, pero su gobierno debe darse cuenta que desacreditar, profesionalmente hablando, a los egresados de universidades públicas y a los docentes formados en universidades privadas, habla mal de la 4T. Las plazas deben ser asignadas a quienes salgan mejor evaluados, sin importar si egresaron de normales públicas, universidades públicas o normales privadas. La Ley General de Educación creada por su gobierno, en el 2019, habla de equidad e inclusión. Ciertamente, elaborar dos listas para acceder a las plazas como maestro de educación básica y dar prioridad a los normalistas de instituciones públicas, aunque haya salido mal evaluados, respecto a sus pares universitarios, contraviene las disposiciones de la ley citada. Los egresados de universidades públicas y normales privadas, se sienten discriminados por el sistema educativo nacional.

4.- El sistema educativo mexicano no se agota en los profesores de educación básica, también están los que se desempeñan en media superior y los que formamos estudiantes en licenciatura y posgrado. Debe gobernar para todos, no sólo para los normalistas. Todos somos mexicanos y todos tenemos derecho a vivir con dignidad. Muchos de los que logramos obtener un doctorado y cumplir con una estancia posdoctoral CONACYT, somos personas de trabajo. En sus innumerables discursos, da a entender que los científicos somos fifís. Es una afirmación desafortunada. Un servidor, por ejemplo, cumplió con estancias de investigación en el extranjero, becado por el CONACYT. Eso no me convierte en agente nocivo para mi país. Su planteamiento es equivocado y lastima a miles de mexicanos que vivimos en estricto apego a las leyes. Somos muchos los científicos del SNI-CONACYT, en el desempleo. Debe gobernador para todos los que formamos parte del sistema educativo mexicano, no sólo para los egresados de normales públicas.

5.- No se debe permitir que maestros sin título y cédula profesional, laboren frente a grupo. En instituciones públicas y privadas, los docentes deben contar con el perfil profesional idóneo para desempeñarse, y todos, sin excepción, deben presentar sus comprobantes legales. No es justo que gente sin título y sin cédula, ocupe espacios que corresponden a profesionales que sí cubren con el perfil jurídico y administrativo. Las instituciones de educación privada, deben ser fiscalizadas.

6.- Los concursos de oposición para obtener plazas como profesor-investigador en universidades públicas y centros de investigación CONACYT, deben ser intervenidos y regulados por la Secretaría de Educación Pública. Amparados en la autonomía, funcionarios universitarios y académicos que cumplen con tareas administrativas, han formado verdaderas chiquimafias que controlan los procesos. Las plazas son otorgadas a familiares y aliados políticos. En estos procesos impera la opacidad. Perfiles destacados quedan fuera a causa de la corrupción imperante al interior de las universidades públicas y centros de investigación CONACYT.

Si realmente le interesa acabar con la corrupción, ataje al sistema educativo nacional.

PREDIAL