El Congreso local de Guanajuato recibió del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que en la extorsión se añlique la medida cautelar de prisión preventiva de oficio.

Al dar prisión preventiva a los extorsionadores, según planteó el diputado Jesús Oviedo Herrera, líder del GPPAN,  se fortalecerá el combate, la investigación y sanción del delito, además de evitar la reincidencia o la comisión de nuevos delitos.

La medida, extendió, busca que se asegure la investigación, la comparecencia del inculpado al proceso, pero sobre todo preservar la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general.

Desde el estado de Guanajuato, preocupados, pero sobre todo ocupados por generar alternativas de fortalecimiento de nuestra sociedad a través de ambientes seguros, justos y prósperos, que a la par redunden en la protección de los bienes jurídicos necesarios para una convivencia adecuada, así como con el ánimo de coadyuvar a nivel nacional en la generación de esquemas jurídicos idóneos para un efectivo combate a la delincuencia, proponemos la presente iniciativa, convencida que con la suma y multiplicación de voluntades en esta asignatura, seguiremos avanzando en uno de los objetivos esenciales que se busca: la paz y la tranquilidad para las y los mexicanos”, argumentó el Diputado Oviedo Herrera.

Según abundó el legislador panista, el delito de extorsión, en sus distintas modalidades, cada vez más amplias, conlleva conductas en las que participa la delincuencia y cuyo proceso consiste, principalmente, en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas, a través del uso de agresiones de diversa índole.

El 12 de abril del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al numeral 19, para que más delitos fueses sujetos de prisión preventiva, y aunque la extorsión estaba incluida, no se consideró; por ello ahora el GPPAN empuja la reforma

El diputado Jesús Oviedo Herrera, líder del GPPAN y promotor de la iniciativa.

En tal orden de ideas, es de hacer notar que el no considerar el delito de extorsión como uno respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, dejó al margen un paso que pudo darse para disponer de un marco jurídico integral a los operadores de la norma, ya que, efectivamente aunque en primera instancia el bien jurídico tutelado es el patrimonio de las personas, a la par se debe atender a que el mismo es un delito que genera alteración emocional, psicológica, moral, un impacto de temor, angustia, sufrimiento e incertidumbre en la víctima, trastoca su estabilidad y tranquilidad siendo que el delincuente para lograr su cometido económico amenaza incluso con atentar contra la vida, libertad y seguridad de la víctima o de la de sus familiares o seres queridos”, según expuso.

Aprueban diputados en el Pleno diversas reformas

En sesión ordinaria, las diputadas y los diputados del Congreso del Estado aprobaron modificaciones al Código Penal del Estado de Guanajuato, para que no preescriba la acción penal en delitos como feminicidio, homicidio, abuso sexual, captación y corrupción contra menores.

Además de que se castigará con más años de prisión a quien viole a menores de edad bajo su guarda, custodia, tutela o patria potestad.

También se aprobaron reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios, a fin de crear la causal de despido -sin derecho a liquidación- para todos los trabajadores que hostiguen o acosen sexualmente a compañeros. Lo mismo aplicará para los patrones y sus representantes, aunque en este caso deberán pagar liquidación al trabajador afectado.

Otra reforma importante aprobada por el Pleno del Congreso del Estado es la relativa a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a fin de que las sentencias emitidas por las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) o la autoridad administrativa puedan impugnarse.

  • Fotos: Especial/Congreso del Estado
Predial 2021