La desaparición forzada en Guanajuato no sólo se atribuye a grupos criminales, también las autoridades policíacas han sido señaladas como responsables.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), durante 2019 emitió 35 Recomendaciones por 7 casos de desaparición forzada de personas, en donde están involucradas autoridades policíacas.

La resolución del organismo destinada a las autoridades municipales constituye por sí misma una forma de reparación, en virtud de que en ella se reconoce la grave violación a los derechos humanos cometida en agravio de los quejosos”, expone la PDHEG en un comunicado oficial.

Del total de recomendaciones de la PDHEG fueron 17 para Celaya, 9 para Comonfort y 9 para Cortazar, derivadas de hechos en los que participaron elementos policíacos

El ombudsperson José Raúl Montero de Alba consideró que es una necesidad en Guanajuato el instrumentar políticas públicas encaminadas a la búsqueda e identificación con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.

Por lo que reconoció el anuncio realizado el jueves por las autoridades estatales, colectivos y defensores de derechos humanos así como por familiares de las víctimas para avanzar en la construcción de mecanismos como la Comisión Estatal de Búsqueda.

La PDHEG ha participado en la Mesa de Trabajo a la que convocó el año pasado el Congreso del Estado para el análisis de las iniciativas en materia de víctimas, desaparición forzada y declaración especial de ausencia.

 

Las recomendaciones

Del contenido de las Recomendaciones notificadas, las autoridades deberán:

  • Inscribir a los familiares en el Registro de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 bis, fracciones II y III de la Ley General de Víctimas, con el objeto de que puedan acceder a una reparación integral del daño en torno a la gravedad de los hechos aquí expuestos.

Previo consentimiento, se proporcione a los familiares atención médica y psicológica que requieran para el tratamiento que se desprenda directamente del caso concreto, proporcionándoles un trato digno, sensible y con calidez.

  • Se instruya a quien corresponda, a fin de que se inicie, o bien, se determine a la brevedad y conforme a derecho, la investigación administrativa en contra de los funcionarios de Seguridad Pública Municipal.
  • Una vez que notificadas las autoridades municipales, se instruya a los titulares de Seguridad Pública para que ofrezca una disculpa pública institucional y se brinden garantías efectivas de no repetición.
  • Girar instrucciones a los titulares de Seguridad Pública de los municipios, a efecto de que se colabore ampliamente en la integración de la investigación ministerial. Para ello, se deberán atender con oportunidad todos y cada uno de los requerimientos que sean formulados por la Procuraduría General de Justicia, a fin de lograr encontrar el paradero de los agraviados.
  • Se giren las instrucciones respectivas para emitir una circular dirigida a todos los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que en el desempeño de su cargo, actúen atendiendo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debiéndose abstener de llevar a cabo detenciones arbitrarias.
  • Diseñar e impartir un curso integral sobre sobre derechos humanos a todos los servidores de Seguridad Pública, con el fin de que los operativos en los que intervengan se conduzcan con respeto a la dignidad de las personas y salvaguarden la vida, integridad y seguridad de las mismas.

Designar al servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con este organismo para dar seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones.