Diputados del Grupo Parlamentario del PRI presentaron una iniciativa de ley para obligar a que todo el transporte público -urbano, suburbano, intermunicipal, turístico y escolar, cuente obligatoriamente con cámaras de video para prevenir la inseguridad.

La iniciativa plantea reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios y a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, bajo la justificación de que se debe garantizar un transporte seguro y libre de violencia y acoso sexual.

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes dio lectura a la exposición de motivos de la propuesta donde mencionó que los espacios públicos, entre ellos la calle y el transporte público, se han visto mermados en su imagen y percepción de seguridad por parte de la población en general, ante las constantes agresiones que sufren sobre todo las mujeres en general y las niñas.

No debemos esperar a que se hagan más visibles las estadísticas de los delitos cometidos en el transporte público y escolar, así como las conductas de violencia de género y acoso sexual en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes y del público en general en el transporte público colectivo, por lo que consideramos que es momento de tomar acciones anticipadas para frenar este fenómeno”, expuso.

En sus argumentos el Diputado Alfaro refirió que aunque 189 estados en el mundo han firmado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 177 de ellos no cuentan con una legislación específica para atender el acoso sexual en los espacios públicos; por ello habló de toda la normatividad y tratados internacionales que existen para atender la violencia de género, así como a las leyes con las que cuentan México y Guanajuato sobre el tema.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, registra que en Guanajuato el  57 por ciento de las mujeres de 18 años y más han dejado o evitado salir de noche por temor a ser víctima de algún delito, 38.1 por ciento tomar taxi por temor a ser víctima de algún delito, mientras que el 17.2 por ciento dejó o evitó usar el transporte público por temor a ser víctima de algún delito

Los sistemas de videovigilancia en el transporte público ya aplican, por ejemplo, en el Estado de México, uno de los más peligrosos del país.

El Diputado Alfaro informó que en 2016 más de 34 por ciento de las mujeres reportaron haber sido víctimas de este tipo de violencia a lo largo de su vida, de las cuales 64.1 por ciento fueron en la calle y 24.6 por ciento en el transporte público (autobús o microbús 14.8 por ciento; metro 7.3% por ciento; y metrobús 1.4 por ciento); para 2018, 57.8 por ceinto de las mujeres reportaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento sexual en la calle, mientras que 25.8 por ciento lo sufrió en el transporte público.

De acuerdo con la Encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México,  extendió el diputado priista, se señala que 69.1 por ciento de las mujeres participantes reportó sentirse insegura o muy insegura en las calles y espacios públicos, mientras que 54.4 por ciento se sienten de esa manera en el transporte público, 81.3 por ciento manifestaron tener miedo a ser víctimas de algún ataque sexual en las calles y espacios públicos y un 77.4 por ciento en el transporte público.

Alfaro Reyes subrayó que con la iniciativa se trata de fortalecer la seguridad en el transporte público de pasajeros en la zona urbana y suburbana, con la finalidad de que, en todos los casos por ser medios de transporte colectivo, a través de la instalación de equipamiento de videograbación hacia el interior de los vehículos se pueda prevenir, detectar y eliminar la violencia de género y el acoso sexual que sufren la mujeres y niñas.

Finalmente argumentó que la propuesta de reforma pretende hacer obligatoria la instalación de equipo de videograbación en las unidades de transporte público, como se hace en otras entidades del país, con la finalidad de prevenir y detectar a quienes realizan hechos considerados como delitos e identificarlos plenamente.

La parte correspondiente de la iniciativa sobre la Ley de Movilidad del Estado se remitió a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, mientras que lo relativo a la Ley Orgánica Municipal se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.

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