El Pleno del Congreso ordenó a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a que inicie a la brevedad, una auditoría específica concomitante al Gobierno del Estado por el nuevo hospital Covid de León.

La auditoría ordenada por el Congreso abordará los procesos de planeación, programación, presupuestación, procesos de contratación y administración realizados para la rehabilitación, funcionamiento y operación de las instalaciones del Hospital General Regional de León abierto el 1 de marzo de este año.

El diputado moresnita Ernesto Prieto Gallardo, comentó en su intervención para hablar a favor de la auditoría, que la rendición de cuentas es una obligación de las autoridades hacia la ciudadanía y no es solo informar sino que incluye la posibilidad de promover sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que violen ciertas normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a que el poder se ejerza de manera transparente y forzando a los servidores públicos a que justifiquen, expliquen, informen y evalúen todos sus actos.

Gallardo apuntó que su propuesta de auditoría tiene como objetivo la revisión minuciosa y específica sobre el proceso integral de planeación, diseño, proyección, programación, presupuestación y ejecución del dinero público; y que los recursos económicos erogados por parte de Gobierno del Estado, aun en una crisis sanitaria, debían ser administrados siguiendo los principios de austeridad.

En la misma sesión ordinaria, se avaló la auditoría de desempeño practicada por la ASEG a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

El diputado morenista Ernesto Prieto Gallardo impulsó la auditoría integral al Hospital Covid en León, recibiendo el apoyo del Pleno del Congreso para la aprobación.

Dicha auditoría tuvo el enfoque de diseño, cumplimiento y resultados de los programas E044 Participación de la Sociedad en la Prevención del Delito y E016 Certeza Jurídica y Derechos de los Internos, por los ejercicios fiscales de los años 2017 y 2018.

La congresista verde ecologista Vanessa Sánchez Cordero, habló en contra del dictamen y manifestó que a seguridad pública en la entidad no es un tema menor y que hoy toma una importancia mayor pues las cifras no favorecen a generar un clima de tranquilidad.

“Si bien es un hecho que dentro del proceso de fiscalización la auditoría practicada concluyó con un informe de resultados, y en donde como parte del proceso de esta clase de auditorías de desempeño, es atribución de la Auditoría Superior del Estado, emitir las recomendaciones de mejora en el desempeño; lo cierto es, que el informe emitido, ni eso contiene”, afirmó Sánchez Cordero.

Después de mencionar lo que consideró una serie de irregularidades, la Diputada del PVEM subrayó que la seguridad de las familias debe ser un tema que ocupe a todos y se procure en conjunto, pues una preocupación específica es la responsabilidad de que las políticas públicas que se implementen y las acciones que se realicen, estén realmente apegadas a lo que la ley establece y libres de todo vicio para evitar confundir o engañar a la población.

Entendemos que la seguridad en prioritaria, pero no estamos de acuerdo que se haga bajo la ya cansada falsa promesa que quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía, vengan y nos digan que están actuando de la mejor manera y apegada a la ley, cuando del mismo informe se señala que sus protocolos son viejos, inaplicables y obsoletos”, finalizó.

Por su parte, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, se refirió a un punto de acuerdo presentado en la materia, derivado de la preocupación de millones de guanajuatenses por el incremento de la violencia en la entidad, además de ver si los programas implementados tienen los resultados esperados.

Prieto Gallardo enlistó las incongruencias encontradas en el informe en donde únicamente se dieron dos recomendaciones. Y consideró que si la ASEG no solicitó que los factores de riesgo estuvieran asociados a indicadores que permitan medir los resultados, no se sabrá si los programas sirven para prevenir delitos.

Además que se menciona que hay una falta de mecanismos para priorizar los factores de riesgo que se atenderán, es decir, no hay mecanismos para priorizar la selección de factores de riesgo por atender; que no se contaba con instrumentos que permitan rendir cuentas sobre el afianzamiento de la cultura de la prevención, ni de la participación ciudadana en materia de prevención de la violencia y delincuencia ya que solo se mide el número de personas informadas y porcentaje de eventos de prevención realizados, entre otros, por lo que Prieto Gallardo concluyó que por todo lo expuesto no había argumentos viables para votar a favor del dictamen.

En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos manifestó que lo que se aprobaba era un informe sobre dos programas en particular y se centraban en el cumplimiento de metas y objetivos, porque era una auditoría de desempeño que evaluaba la mejora continua y que derivaba de una solicitud específica del Pleno.

Y también mencionó las diversas acciones de mejora que se llevaron a cabo tras precisar que la auditoría contribuyó a mejorar la calidad del gasto de los programas auditados cumpliéndose con los objetivos de la misma.