Integrantes de asociaciones civiles que encabezan las marchas contra el alza del pasaje en la ciudad han pedido hoy al alcalde Santillana que no se les criminalice por su activismo

Este viernes, integrantes y representantes de asociaciones civiles que han encabezado protestas se deslindaron de todo acto violento y vandalismo a negocios, solicitando al alcalde que no sea intolerante ante la queja social. En una primera conferencia de prensa, el grupo Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores A.C. (Clama) pidió al gobierno municipal no criminalizar a los activistas sociales que encabezan las marchas contra el aumento del pasaje, tras deslindarse, como organización civil, de todo acto violento.

“Que el gobierno no venga a decir que nuestras organizaciones traen el caos”, indicó Ernesto Reyes, portavoz de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores

En una segunda conferencia, encabezada por el activista José Roberto Saucedo Pimentel, a quien acompañaron integrantes de otras organizaciones civiles, se hizo un repudio público a los actos violentos. “(Santillana) manifestó que su gobierno era tolerante a la manifestación de ideas, pero que no iba a tolerar actos de vandalismo. Situación que hasta este momento estamos de acuerdo, porque nosotros tampoco estamos de acuerdo con la violencia (…) No se vale criminalizar la protesta pública (…). No es lo mismo salir a provocar robos y daños, que manifestarse”, expuso Saucedo Pimentel.

López Santillana ya advirtió que su gobierno los tiene identificados e irá tras los líderes que incitan a la violencia en las marchas y en las redes sociales

También hizo responsable de su seguridad y la de su familia a Saucedo Pimentel y a Visente Hernández, otro líder de las protestas, luego que se dio a conocer en redes sociales su teléfono celular y domicilio, además de los datos del síndico Luis Ernesto Ayala Torres y la regidora Beatriz Yamamoto.

“Le estamos pidiendo también al señor alcalde para que investigue a sus policías”, le reviró hoy Saucedo después que en la marcha del jueves comerciantes revelaron que policías municipales les pidieron cerrar sus negocios porque podrían ocurrir saqueos y disturbios al paso de los manifestantes.

Parte de las peticiones de los activistas es que se abra una mesa de diálogo con el gobierno municipal; intervenga la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para garantizar la integridad de quienes protestan pacíficamente; se castigue a los que sí provocan violencia y daños a los leoneses; se investigue y se castigue a los policías que infundieron miedo entre comerciantes.

Para el domingo 15 de enero, a partir de las 4 de la tarde, la Coordinadora Popular Leonesa está convocando a una nueva marcha que partirá del Parque Hidalgo hasta las Plaza Principal.