Los activistas José Roberto Saucedo y Visente Hernández ya recibieron la primera amenaza de muerte. No quieren crear alarma pero solicitan medidas que garanticen su seguridad.          

 José Roberto Saucedo Pimentel considera que es necesario reforzar las garantías que se le han ofrecido y por ello solicita que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) amplíe los alcances de la medida precautoria a su favor y de sus compañeros activistas.

“En cuanto a lo inmediato estamos bien, pero hay un poco de insatisfacción en el alcance de la medida precautoria (…) No estoy pidiendo un guardaespaldas, pero creo que se quedó muy corta (…) En el caso de tu servidor y de Visente Hernández, ya nos subieron una cartulina donde nos amenazan de muerte”, expuso Saucedo en entrevista telefónica, para luego enviar como prueba la imagen de dicha cartulina por whatsapp.

La imagen fue registrada por el usuario de Facebook que se identifica como Christian Sanchez (sic), quien la compartió el 5 de enero con el grupo de Facebook  ‘Noticias Francas de León. 100 % Seriedad’. Aunque dicha cartulina no está firmada por grupo o persona alguna es una amenaza directa a los dos activistas.

Esto fue lo que estaba pegado por mercadito del retiro ??

muerte

“Pido una mayor difusión, donde la Procuraduría (de los Derechos Humanos)  avise al Municipio de León y al Gobierno del Estado que podemos ser objeto de alguna agresión”,  extendió en sus comentarios Saucedo Pimentel tras reiterar que nunca ha incitado a la violencia ni a delinquir.

De acuerdo al oficio que le entregó la PDHEG, con fecha 7 de enero de 2017, se le recomienda que: “en caso de requerir auxilio ante algún evento que ponga en riesgo su esfera personal y de derecho, se comunique al número telefónico…”, donde será atendido por el director operativo de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Extraoficialmente se sabe que los activistas Gabriela Arreola, Yolanda Martínez y Rodrigo González ya cuentan con la misma medida precautoria. Además que se ha invitado a Visente Hernández, Adolfo Enríquez, Ricardo Gómez Escalante y a Jaime Rufino Hernández para que denuncien si consideran que su integridad también está en riesgo.

Todos ellos han sido críticos contra el gobierno de Santillana y participantes activos en las convocatorias de las marchas contra el aumento al pasaje

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) abrió el expediente 2/17-A para investigar las declaraciones de autoridades municipales que criminalizan la protesta social. Y emitió en consecuencia medidas precautorias en favor de diversos activistas para salvaguardar su seguridad, luego de celebrarse diversas protestas y marchas públicas por el alza al precio del pasaje en el transporte público.

El 6 de enero se inició el procedimiento de investigación y el 7 de enero las medidas precautorias fueron aceptadas. Se investigan, por parte de la PDHEG,  posibles violaciones a derechos humanos tales como a la libertad de expresión y presunción de inocencia.

El 9 de enero se giró un oficio al alcalde de León, Héctor López Santillana, para que rinda un informe sobre los hechos de los que se le acusan

La medida atiende a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos, que garantiza a quien lo pide “que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas, reclamadas, iniciadas oficiosamente o la producción de daños de difícil reparación de las personas afectadas, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron”.