Sinaloa atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente.
La violencia derivada de las disputas entre organizaciones criminales, el deterioro de la confianza en las instituciones públicas y los conflictos en torno a proyectos de gran escala como la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira suelen aparecer en el debate público como problemas distintos.Sin embargo, observados con mayor detenimiento, estos fenómenos forman parte de una misma realidad. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad, la gobernabilidad o el medio ambiente. Lo que se disputa es el control mismo del territorio y la capacidad de la sociedad para decidir sobre su propio destino.
Durante años, la narrativa oficial presentó a Sinaloa como una entidad capaz de combinar crecimiento económico, estabilidad política y desarrollo social. La agricultura de exportación, la actividad portuaria, la pesca y la inversión privada alimentaron la imagen de un estado dinámico y competitivo. Sin embargo, detrás de esa narrativa persistía una realidad mucho más compleja. La expansión de las economías criminales, las desapariciones forzadas, los desplazamientos internos y la normalización de la violencia continuaron avanzando mientras la clase política insistía en proyectar una imagen de control institucional.
La crisis que hoy enfrenta el gobierno de Rubén Rocha Moya —separado temporalmente de su cargo de gobernador mediante licencia desde el 2 de mayo— debe entenderse en este contexto. Más allá de las controversias particulares que han rodeado a su administración, lo verdaderamente significativo es la creciente distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población. Mientras las autoridades hablan de gobernabilidad, miles de sinaloenses viven bajo condiciones marcadas por la incertidumbre, el miedo y la percepción de que las instituciones han perdido capacidad para responder a los desafíos más urgentes de la entidad.
La consecuencia más grave de esta situación no es únicamente el desgaste político de un gobernador o de un partido. Lo verdaderamente preocupante es la erosión progresiva de la confianza pública. Cuando una sociedad deja de percibir a las instituciones como instancias capaces de garantizar seguridad, justicia y certidumbre, comienza a producirse una fractura profunda entre la legalidad formal y la realidad efectiva. El Estado sigue existiendo jurídicamente, conserva oficinas, presupuestos y procedimientos, pero pierde parte de su capacidad para ordenar la vida colectiva.
El problema resulta particularmente evidente en un estado cuya historia reciente ha estado marcada por la presencia de organizaciones criminales con una enorme capacidad económica y territorial. Durante décadas, el narcotráfico fue interpretado como una actividad ilegal que operaba al margen del Estado. Hoy esa explicación resulta insuficiente. En diversas regiones del país, y de manera especialmente visible en Sinaloa, ciertas organizaciones han desarrollado formas de control que trascienden el ámbito estrictamente criminal. Regulan economías locales, condicionan actividades productivas, controlan rutas estratégicas y participan, de manera directa o indirecta, en la configuración de la vida cotidiana.
La violencia deja entonces de ser únicamente una herramienta de intimidación para convertirse en una forma de administración territorial. El resultado es una realidad en la que los límites entre autoridad formal y poder fáctico aparecen cada vez más difusos. La ciudadanía se encuentra atrapada entre instituciones que muestran dificultades para ejercer plenamente su autoridad y organizaciones que, mediante el uso de la fuerza, ocupan espacios que el Estado ha sido incapaz de proteger.
Ahora bien, reducir la crisis sinaloense al problema de la violencia sería un error. Existe otra disputa que suele recibir menos atención, aunque sus consecuencias pueden resultar igualmente profundas. Se trata de la disputa por los bienes comunes y por el futuro ambiental del territorio
La Bahía de Ohuira constituye uno de los ecosistemas más importantes del noroeste mexicano. Sus humedales albergan especies migratorias, sostienen actividades pesqueras tradicionales y forman parte de un equilibrio ecológico construido durante siglos. Para las comunidades indígenas mayo-yoreme y para numerosas familias que dependen de la pesca, la bahía no representa únicamente un recurso económico. Constituye una forma de vida, un espacio de memoria colectiva y una condición material para la reproducción de la comunidad.
Con todo, la región se ha convertido también en objeto de interés para proyectos industriales de gran escala. El caso más emblemático es el de la planta de amoniaco promovida por Gas y Petroquímica de Occidente, cuya construcción ha provocado años de controversias jurídicas, movilizaciones sociales y cuestionamientos ambientales. Sus defensores argumentan que el proyecto generará empleos, atraerá inversión y fortalecerá el desarrollo regional. Sus críticos señalan los riesgos ambientales, las irregularidades en los procesos de consulta y la amenaza que representa para uno de los ecosistemas más sensibles de la región.
Lo verdaderamente revelador de este conflicto es que pone en evidencia dos formas radicalmente distintas de entender el territorio. Para unos, se trata de un espacio destinado a la inversión, la productividad y el crecimiento económico. Para otros, constituye un patrimonio ecológico y comunitario cuya preservación resulta indispensable para garantizar la vida futura de la región. La disputa, por tanto, no gira únicamente en torno a una planta industrial. Se trata de una confrontación entre modelos de desarrollo y entre formas distintas de concebir la relación entre sociedad y naturaleza.
En este punto, la crisis ambiental y la crisis de seguridad comienzan a mostrar una conexión más profunda de lo que suele reconocerse. Existe una tendencia persistente a interpretar la violencia criminal y el despojo ecológico como fenómenos independientes. Aun así, ambos participan de una misma lógica de captura territorial. Mientras las organizaciones criminales disputan espacios mediante la fuerza armada, determinados intereses económicos lo hacen mediante instrumentos jurídicos, financieros y administrativos. Los procedimientos son distintos, pero el resultado converge en una misma dirección: la reducción de la capacidad de las comunidades para decidir sobre las condiciones materiales de su existencia.
Bolívar Echeverría observó que la modernidad capitalista posee una extraordinaria capacidad para subordinar todas las dimensiones de la vida a la lógica de la valorización económica. Vista desde esta perspectiva, la situación de Sinaloa no constituye una anomalía aislada. Representa una expresión particularmente intensa de procesos que atraviesan a buena parte del país. La expansión de economías criminales, la concentración del poder económico y la presión sobre los recursos naturales forman parte de una misma dinámica histórica en la que el territorio se transforma progresivamente en objeto de apropiación.
La gravedad del momento actual radica precisamente en la convergencia de estas tensiones. La ciudadanía enfrenta simultáneamente los efectos de la violencia, la fragilidad institucional y la amenaza sobre bienes comunes fundamentales. El resultado es una sensación creciente de desprotección que no puede resolverse únicamente mediante operativos de seguridad ni mediante promesas de inversión. Lo que está en cuestión es la capacidad misma de las instituciones para representar el interés público frente a poderes económicos y criminales cada vez más influyentes.
Sinaloa se ha convertido así en uno de los espacios donde las contradicciones del México contemporáneo aparecen con mayor claridad. La crisis que vive la entidad trasciende a un gobernador, a una administración o a una coyuntura electoral específica. Se trata de una disputa mucho más profunda por el significado del territorio, por la función del Estado y por la posibilidad de construir formas de vida que no estén subordinadas ni a la violencia ni al lucro.
Lo verdaderamente alarmante no es que estas tensiones existan. Las sociedades modernas han convivido históricamente con conflictos de esta naturaleza. Lo preocupante es que comiencen a percibirse como inevitables. Toda forma de dominación aspira, tarde o temprano, a convertirse en paisaje. La tarea crítica consiste precisamente en impedir que lo logre. En Sinaloa, esa tarea pasa por defender simultáneamente la justicia, la democracia y el territorio. Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de proteger cualquiera de esas tres dimensiones, termina poniendo en riesgo a las otras dos.
- Foto: Luis Brito
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Marevna Gámez
Estudió el Doctorado en Filosofía en la UNAM. Es autora de "La construcción de la ciudad y el héroe moderno en el Libro de los Pasajes de Walter Benjamin", publicado por la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura de la UG. Curadora y Gestora de Arte Independiente. Docente de Filosofía.
