En 2014, agentes de la policía secuestraron a 43 estudiantes y los entregaron para que fueran asesinados.

En 2015, el fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, anunció que los restos humanos que se encontraron en un barranco en la ciudad de Cocula, en el estado de Guerrero, fueron identificados en junio por la Universidad Innsbruck, de Viena, como pertenecientes a Christian Adolfo Rodríguez Telumbre. La identificación fue confirmada por un equipo independiente de antropólogos forenses argentinos.

En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 después de un enfrentamiento con la Policía de Iguala y el Ejército Mexicano, 57 estudiantes normalistas en Ayotzinapa fueron apresados . En el enfrentamiento, otros seis normalistas fueron asesinados y 25 resultaron heridos, y de los que fueron secuestrados, 43 terminaron desaparecidos

Christian Adolfo Rodríguez Telumbre tenía 19 años cuando desapareció. Como muchos de sus compañeros de estudios, había escogido la Normal de Ayotzinapa porque era asequible, dados los limitados recursos de su familia

Aquel día fatídico de septiembre de 2014, Christian se había unido a un grupo de 100 estudiantes de Ayotzinapa que estaban en camino hacia la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968 de estudiantes y civiles por parte de las fuerzas de seguridad y militares mexicanas. Cincuenta y siete muchachos de profesorado (conocidos como normalistas) fueron arrestados en la ciudad de Iguala, después de requisar algunos de los autobuses para el viaje, una práctica que no es infrecuente entre los estudiantes que viajan a manifestaciones. Christian era uno de los 43 que nunca volvieron.

No se responsabilizó nunca a nadie de la muerte de cientos de personas en Tlatelolco. En junio de 1971, lo mismo mataron a 120 estudiantes durante una manifestación, también en la Ciudad de México. Estos dos acontecimientos forman parte de la llamada Guerra Sucia llevada a cabo por el gobierno mexicano contra los trabajadores y los jóvenes en los años setenta. Se hace evidente que esta represión también estaba dirigida contra las escuelas rurales normalistas.

Así las cosas, los acontecimientos de Iguala no han sido el primer ataque a estudiantes en Ayotzinapa. En mayo de 2013, la policía del estado de Guerrero atacó a estudiantes de Ayotzinapa que recaudaban fondos para un festival. Arrestaron y golpearon duramente a 26 de ellos. En diciembre de 2011, dispararon y mataron a tres estudiantes de Ayotzinapa durante una manifestación que exigía una reunión con el gobernador de Guerrero. Ni que decir tiene que los responsables de estos y otros actos de represión nunca fueron castigados de ninguna manera. Es más, nunca fueron ni medianamente difundidos.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa marca un hito en la historia contemporánea pues desencadenó protestas masivas en todo México

Decenas de miles de personas marcharon en Ciudad de México casi 15 días después del secuestro y los asesinatos. Miles de estudiantes y docentes protestaron a lo largo del sur de México, incluyendo a 50,000 personas en Chilpancingo, la capital de Guerrero.

En un intento por controlar los daños, en enero de 2015 el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció que los 43 estudiantes habían sido asesinados a manos del cartel criminal local de narcotraficantes autodenominado Guerreros Unidos, y que sus cuerpos habían sido quemados en un vertedero de basura y sus restos puestos en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan, en Cocula, una ciudad cercana a Iguala.

Las autoridades federales insistieron en que no se podía dudar de sus hallazgos, y los llamó, categóricamente, la verdad histórica, una frase pronunciada hasta el hartazgo por el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam. Con ese mantra, la investigación de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa quedó efectivamente congelada, y el papel del Ejército aquella noche quedó, en consecuencia, sin demostrar.

En realidad, esta verdad histórica encubrió, y sigue encubriendo hasta el momento, el papel del Ejército mexicano y las Fuerzas de Seguridad. El gobierno de Peña negó otra vez categóricamente que las fuerzas armadas hubieran desempeñado cualquier papel en la violencia contra los normalistas aquella noche, y específicamente negó que estuvieran implicados los batallones 27 y 41 de infantería del Ejército, que comparten una base militar en Iguala.

Lejos de ser el resultado de una supuesta “investigación chapucera”, como sugirió el presidente Andrés Manuel López cuando convocó una “comisión de la verdad” al asumir el cargo en diciembre de 2018, la supuesta verdad histórica fue un encubrimiento total, al que se adhirieron los tres principales partidos con representación parlamentaria en México, el gobernante PRI en aquel entonces, el centro-izquierda PRD, y el de derecha PAN.

Según una investigación publicada el 11 de julio de 2020 en la revista Proceso, personal del Ejército estuvo de hecho muy implicado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Los militares transportaron a los estudiantes a la sede del Batallón de Infantería de Iguala, los interrogaron, y luego se los entregaron al cártel de la droga Guerreros Unidos para que se deshicieran de ellos. Al poco rato, miembros del cártel mataron a los estudiantes y sumergieron sus cuerpos en contenedores de ácido, luego de meterlos en bolsas y quemar los restos.

La noticia de Proceso se basó en testimonios que incluían a miembros de ese cártel de la droga, y detallan vínculos que datan de mucho tiempo atrás entre el cártel, la policía de Iguala y las fuerzas armadas de Guerrero. Es decir que todos eran y siguen siendo cómplices en el transporte de drogas, armas y dinero.

En un encuentro con padres de los 43 estudiantes, el Presidente López Obrador declaró que la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez jalonaba el “principio de una nueva y auténtica investigación”, según los portavoces de los padres. Un abogado de los padres le dijo a la prensa que el presidente López se había comprometido a seguir la investigación hasta que se esclareciera qué les pasó a las víctimas y se apresara a todos los responsables.

Pero muchos padres ya son completamente escépticos —y con toda razón— acerca de estas afirmaciones. López Obrador se ha estado apoyando cada vez más en el Ejército —bajo la máscara declarativa de hacer frente a la actividad criminal y a las supuestas amenazas de seguridad—, creando incluso una Guardia Nacional.

De hecho, el mismo López Obrador ha usado al Ejército y a la Guardia Nacional para reprimir a inmigrantes, luchas independientes por parte de trabajadores industriales, y docentes que protestan, y se puede descartar desde ya que se ponga en contra de los jefes militares, quienes casi con seguridad dirigieron el encubrimiento anterior

Hace menos de un mes, el coche de López Obrador fue rodeado por manifestantes en la ciudad de Veracruz, adonde había ido a hablar justamente de una base militar. Por el contrario, los manifestantes exigían que su gobierno resolviera el asunto del destino de los 43 normalistas, y que saliera de su vehículo para hablar con ellos. “Ayúdanos a traerlos a casa”, decían en su mayoría las pancartas.

La respuesta de López: en lugar de obrar, se abstuvo, y se negó a hablar con los manifestantes, citando la necesidad de “una sana distancia” debido a la pandemia del coronavirus, una consideración que él, curiosamente, repetidamente desestimó e ignoró tanto privada como mediáticamente.

Dicho sea de paso, según un diario de Mazatlán, una mujer que protestaba le dijo: “Te reúnes con la madre del Chapo, bastardo, pero no con nosotros”, refiriéndose al momento en el que López Obrador, ahí sí obrando con toda voluntad política, le diera la mano a la madre del hoy encarcelado señor de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, en marzo al visitar el estado de Sinaloa.

Es de destacar que Vidulfo Rosales, abogado de los padres, ha insistido en todo momento en que además de apresar a todos los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, también hay que hacer que se responsabilicen todos los que colaboraron en esconder la verdad. Si ello se tomara literalmente, ello incluiría al anterior Presidente y al anterior Fiscal General, así como a las más altas esferas del Ejército. Mientras tanto, se sabe, más fragmentos de posibles partes de cuerpos han sido enviados a la Universidad de Innsbruck para realizarles más pruebas.

Por su parte, el reconocido portal Counterpunch.org de activismo político y corporativo destaca esta semana que el movimiento social que ha sido generado por el caso Ayotzinapa no sólo será duradero, sino que también está destinado a inocular toda una congregación de muchos movimientos sociales separados, como han estado sugiriendo algunos intelectuales y activistas prominentes —me refiero a intelectuales extranjeros serios, no a ninguno de los ya conocidos intelectuales laterales de México—.

Más aún, los padres de los estudiantes desaparecidos lo reconocieron en la marcha de protesta del pasado sábado 13 de septiembre. Uno de ellos manifestó incluso que: “Estamos aquí no solo para exigir que nuestros 43 estudiantes sean encontrados con vida, sino también para exigir justicia para las más de 25,000 personas desaparecidas en el país. Porque también debemos luchar por aquellos que han sido desposeídos de sus tierras. ¡Que nunca haya una lucha aislada más!”, eso es lo que promueven.

El sitio https://www.counterpunch.org/ ofrece en línea una encuesta reciente hecha a 18 países latinoamericanos que revela, entre otras cosas, que los mexicanos son los más insatisfechos con la “democracia” y donde el Presidente López Obrador ya se destaca, ahí sí, como uno de los peor calificados en todo el continente

CounterPunch es una revista que se publica seis veces al año en los Estados Unidos y que cubre política todo terreno, de manera que sus editores se describen así mismos como “escándalos con actitud radical” en sus principales líneas editoriales.

Pero CounterPunch no es el único medio sino la media internacional que ya descree de López Obrador, y observa que la confianza de los mexicanos en sus instituciones y en la democracia se desvanece en caída libre, en un momento donde la unión de los movimientos sociales se hace fundamental para reestructurar las graves fallas del Estado mexicano, y en un gobierno —el suyo, no el de Peña, o Calderón, o el de la “mafia en el poder”, sino el suyo, el de la autollamada Cuarta Transformaciòn—, el de las “mañaneras” que, paradójicamente, para los mexicanos ya no ofrece ningún mañana.

Finalmente, el caso Ayotzinapa y el de los 43 muchachos enterrados en alguna parte está por revelar —más allá de la pandemia, la payasada mediática y el meme—, si éste es en realidad un verdadero gobierno de libertades. O si por el contrario, se trata de uno de duras y cada vez más severas restricciones constitucionales, totales opacidades e indefectibles y siempre tan oportunos yerros, pretextos e impedimentos.

Porque más allá de lo que nos arrojen las nuevas pruebas de la Universidad de Innsbruck, lo cierto es que Ayotzinapa y los 43 muchachos desaparecidos son la prueba de ácido a un gobierno pero sobre todo al esqueleto político de un hombre que ya vemos pues que no se parece casi en nada al rostro un reformista como Benito Juárez sino más bien al de un famoso predicador, artífice de la hoguera de las vanidades: Girolamo María Francesco Savonarola.

OCT 2