La Procuraduría de los derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) resolvió la queja en favor de la señora Ma. Guadalupe Reyes Moreno, por el asesinato de su hijo Leonardo Reyes Cayente, de 23 años, a manos de policías estatales.

La recomendación de Derechos Humanos se da contra 6 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y dos agentes del Ministerio Público de San Miguel de Allende, por el crimen del migrante Leonardo Reyes Cayente, ocurrido en diciembre de 2018.

Los elementos de las FSPE involucrados en el crimen son José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo.

La PDHEG solicita al fiscal general Carlos Zamarripa se inicie procedimiento administrativo a Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende por no garantizar los derechos de los familiares, en su condición de víctimas, según los términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.

El alcance de la recomendación estima necesario que la familia de Leonardo reciba, si así lo desean, atención psicológica, y una vista al secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres para que se garantice la total reparación del daño, mientras que solicita a la Fiscalía General las acciones judiciales necesarias en contra de los implicados.

Además de obligar a las FSPE a recibir capacitación sobre derechos humanos, uso y manejo de armas de fuego, protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza, y emitir una declaratoria de no repetición de este tipo de casos.

Se encontró que (los elementos de las FSPE) fueron omisos en aplicar las directrices complementarias de los principios básicos como solicitar la presencia de cuerpos de auxilio para procurar atención médica a quien resultara con lesiones producto del empleo de la fuerza (…)

Se incurrió en violación al derecho a la vida por parte de los elementos de la policía estatal por haber hecho uso de la fuerza empleando armas de fuego de cargo para repeler una agresión a sus personas, sin contar con la comprensión plena de las directrices y principios que enmarcan, conforme al estándar internacional, la protección del derecho a la vida y la seguridad de las personas, al carecer de la capacitación adecuada que les permitiera discernir cognitivamente el hecho en cuanto a los límites del uso de la fuerza, lo cual realizaron con exceso”, dice parte de la resolución, del  Expediente 83/18-D, que la PDHEG ha dado a conocer a través de un comunicado oficial.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre de 2018 durante un operativo de las FSPE en la entrada a la comunidad de Corralejo de Abajo, donde estaba de visita con sus familiares Leonardo, quien emigró desde los 16 años a Estados Unidos

De acuerdo a la versión policiaca los elementos de las FSPE observaron una camioneta oscura con vidrios polarizados y faros encendidos en la entrada a la comunidad de San Damián, cerca de las 3: 40 de la madrugada. Al acercarse fueron recibidos a balazos y repelieron la agresión durante una persecución donde la camioneta terminó estrellándose contra un árbol y dos personas armadas escaparon.

La versión de los familiares es otra. Según ha relatado la madre de Leonardo, a la 1 de la madrugada se enteraron que patrullas habían detenido a su hijo en la entrada a la comunidad por lo que acudieron al lugar.

Antes de llegar escucharon balazos y al llegar descubrieron a dos patrullas cercando la camioneta de Leonardo. Escondidos en la maleza escucharon que algunos agentes se reían y uno de ellos se jactaba de haber dado muerte al “Puto Reyes”, asegurando: “Hasta que se me hizo”, según ha dicho la madre de Leonardo sobre ese momento.

Ma. Guadalupe Reyes Moreno denunció el hecho como un homicidio y a partir de ahí comenzó un calvario. Se le negó acceso a la carpeta de investigación y otras violaciones a sus derechos, por eso la PDHEG emite la recomendación hacia los dos agentes del MP que llevaron el caso, para pedir a la Procuraduría de Justicia del Estado les sancione.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró a la madre de Leonardo, durante un encuentro donde la mujer le exigía justicia, que el caso sería resuelto en su favor si había los elementos necesarios. Algo que la PDHEG ha corroborado.

Este organismo concluye que los elementos carecen de capacitación para el uso de la fuerza y que al no estar debidamente instruidos, como quedó demostrado en este caso, se traduce que en el día de los hechos, hubo una ausencia de mecanismos que garantizaran eficiencia en el actuar policíaco y manejo de este evento, y por eso, se pone en duda el uso legítimo de la fuerza empleada con el joven migrante. La privación de la vida de la víctima derivo de un uso excesivo de la fuerza.

Es importante destacar que este organismo considera que dentro de la investigación en curso a cargo del Ministerio Público es donde se deben acreditar y sustentar en forma real los acontecimientos y determinar la existencia o no de un hecho que se configure como delito porque la protección a los derechos humanos no puede confundirse con la justicia penal”, resuelve la PDHEG en su recomendación.

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