Más de 100 periodistas, directivos de medios, defensores de derechos humanos y activistas, exigieron a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, justicia por el asesinato del reportero Kristian Uriel Martínez Zavala, quien fue acribillado el fin de semana en Silao.

Kristian Uriel Martínez Zavala ya había recibido amenazas e intimidación por parte de simpatizantes del partido oficialista de Morena, lo que le obligó  pedir protección en el año 2021, recibiendo la atención el Protocolo de Seguridad a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

La madrugada del pasado domingo fue asesinado a tiros, junto con el del conductor del Uber en que viajaba. Hasta el momento no hay ningún detenido.

El fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, se comprometió a entregar un informe detallado sobre este y otros crímenes contra periodistas este 5 de marzo.  

La carta íntegra, firmada por 123 periodistas, directivos de medios, defensores de derechos humanos y activistas, fijando posicionamiento frente a la Gobernadora de Guanajuato y el Fiscal General, ante el último asesinato de un periodista guanajuatense:

A la opinión pública, a las autoridades y a la sociedad en general:

Periodistas y Personas defensoras de derechos humanos de Guanajuato alzamos la voz para condenar enérgicamente la violencia sistemática que se ejerce contra la prensa en nuestro estado y en todo el país. La labor periodística es fundamental para la democracia, el derecho a la información y la construcción de una sociedad más justa. Sin embargo, ejercer esta profesión en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde el miedo, la censura y la impunidad se imponen sobre el derecho a informar y ser informados.

El periodismo y la defensa de derechos humanos en Guanajuato son profesiones de riesgo, así lo muestran los datos oficiales: hasta diciembre de 2024, 59 guanajuatenses habían sido incorporados el Mecanismo Federal (41 personas defensoras y 18 periodistas) y desde su creación en 2019, el Consejo Estatal habría ofrecido medidas para 89 periodistas y 33 personas defensoras.

El asesinato de nuestro compañero Kristian Uriel Zavala del Silaoense Mx nos obliga a exigir a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación de los delitos contra la Libertad de Expresión para su total esclarecimiento y celeridad en la investigación, especialmente analizando si el crimen se relaciona con su trabajo periodístico.

Durante años, se acumularon en la Fiscalía General del Estado denuncias no solamente por desaparición, homicidio, agresiones físicas, verbales o digitales, sino también por otros incidentes como robos y allanamientos en oficinas de medios de comunicación y domicilios de periodistas y comunicadores. Igualmente, se han presentado casos de hostigamiento ministerial y espionaje contra periodistas por parte de la propia Fiscalía, los cuales no deben repetirse y sí sancionarse.

Tenemos constancia de que la mayoría de las carpetas fueron reservadas o se determinó el no ejercicio de la acción penal, pero que esto ocurrió por la falta de una investigación exhaustiva y pertinente y en muchos casos, sin la aplicación del Protocolo Homologado para delitos contra la Libertad de Expresión y sin informar debidamente a las víctimas.

Nuestra exigencia es que esto no vuelva a ocurrir y que el actual Fiscal General se comprometa a que se revisen y retomen aquellas denuncias y carpetas que continúan vigentes o reservadas para que sean analizadas con base en el Protocolo y se desahoguen todas las diligencias, periciales y demás actos de investigación correspondientes hasta esclarecer cada asunto cumpliendo con todos los principios de debida diligencia y la comunicación con cada una de las víctimas o víctimas indirectas, como es el caso de los familiares de nuestros compañeros asesinados.

Asimismo, solicitamos información puntual del avance de las investigaciones de las desapariciones y los asesinatos de otros colegas periodistas que permanecen impunes:

  • Gerardo Nieto, asesinado el 26 de junio de 2015.
  • Víctor Manuel Campos, desaparecido el 1 de noviembre de 2020 y encontrado sin vida en 2024.
  • Alejandro Martínez Noguez, asesinado el 4 de agosto de 2024.
  • Eduardo Manellic Alcaraz Hernández, desaparecido 15 de noviembre del 2024 y localizado sin vida el 23 de noviembre del mismo año.
  • Sergio Villegas, creador de contenidos en Juventino Rosas y asesinado el pasado 25 de febrero del 2025.
  • Ismael Flores, periodista a cargo del portal informativo ‘Franqueza Guanajuato’, agredido el 15 de diciembre de 2024.

Nos duele y nos indigna que nuestros colegas sean perseguidos, amenazados, agredidos y asesinados, mientras los responsables de estos crímenes gozan de impunidad. La falta de justicia no sólo agravia a las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje de permisividad y alienta nuevas agresiones.

Por ello, exigimos:

  • Justicia para los periodistas víctimas de violencia. No más impunidad en los crímenes contra la prensa. Cada agresión debe ser investigada con seriedad, independencia y resultados concretos. Por ello solicitamos a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato que se informe de forma trimestral a una comitiva de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas en el país, como Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.
  • Garantías para el ejercicio periodístico. Es urgente que las autoridades reconozcan en todos los ámbitos de la vida pública la importancia de la labor informativa por parte de las y los periodistas, además de que adopten medidas efectivas de protección para quienes ejercemos esta labor, así como condiciones de seguridad para la cobertura de temas de alto riesgo.
  • La violencia contra la prensa no sólo afecta a los periodistas, sino a toda la ciudadanía, pues limita su derecho a estar informada. Urge que todos los sectores exijan el respeto y la protección de la labor informativa.
  • Exigimos al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a través de su Junta de Gobierno, retome la petición que hace un año hicimos llegar para que se activara la Alerta Temprana para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y hasta ahora NO hemos obtenido respuesta.
  • Hoy nos unimos para alzar la voz y recordarle a las autoridades su obligación de garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico. No nos callaremos. No daremos marcha atrás en la defensa de la verdad.
  • Fotos: Especial