La militarización del país en la que insiste el presidente Andrés Manuel López a través de la creación de la llamada Guardia Nacional, ha encontrado repudio en Guanajuato.

Activistas, defensores de derechos humanos, académicos, colectivos, estudiantes  y periodistas, a través de un posicionamiento general, manifestaron ayer su rechazo a la reforma constitucional con la que se pretende crear la Guardia Nacional. Y exigieron a los senadores evitar la militarización de México.

“Rechazamos toda forma de militarización de la seguridad pública y, siguiendo el espíritu de la Constitución, defendemos la naturaleza totalmente civil de los cuerpos que deben encargarse de dicha tarea a nivel federal, estatal y municipal. La reforma propuesta a la Carta Magna es inconvencional porque contradice los principios establecidos en tratados internacionales que son obligatorios para México en materia de derechos humanos (…)

“Reconocemos que las causas del fenómeno delictivo son estructurales, complejas y requieren estrategias de mediano y largo plazo. La solución no está en medidas coercitivas como la intervención de las FFAA (Fuerzas Armadas) en materia de seguridad pública. Sin embargo, nos preocupa la ausencia de un compromiso contundente para el reforzamiento del sistema de procuración de justicia y de la profesionalización de las policías estatales y municipales del país”, se expone en el documento firmado por 71 personas y organismos civiles.

Desde su planteamiento la creación de la Guardia Nacional que pretende instaurar AMLO, ha recibido el rechazo de organismos internacionales y nacionales como la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros

Todos los organismos han señalado el riesgo que significa continuar con una política pública que hace uso del Ejército para tareas de seguridad ciudadana, ante la constante violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas.

En su campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador prometió sacar al Ejército de las calles, luego que ha permanecido desde que el ex presidente panista Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, y luego con el priista Enrique Peña Nieto que siguió con la medida, pero ya como presidente ha cambiado de opinión.

De acuerdo a cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron 101 mil 201 homicidios, mientras que con el del ex presidente del PRI Enrique Peña Nieto la cifra sumaron 121 mil 940. Una carnicería de 223 mil 141 mexicanos muertos de forma violenta.

Tras ser aprobado por la mayoría de diputados de Morena, en alianza con los del PRI, PES y PT, el dictamen para reformar la constitución y crear a la Guardia Nacional enfrentó un primer reclamo y molestias de AMLO al suprimirse de último momento, por parte del diputado morenista Pablo Gómez, un artículo transitorio que daba facultades a las Fuerzas Armadas y Marina para seguir asumiendo tareas de seguridad civil en tanto se crea la Guardia Nacional. Ahora la discusión ha pasado al Senado, con la petición de AMLO, de que se ‘corrija’ lo que fue eliminado.

Los colectivos, centros y grupos defensores de derechos humanos, además de académicos, estudiantes y periodistas guanajuatenses también manifestaron su preocupación e inconformidad por lo que ocurre en Guanajuato en materia de inseguridad.

“Asimismo, manifestamos nuestra inconformidad con el grave deterioro de la seguridad, la impartición de justicia y la violencia en nuestra entidad (…) además ante la falta de credibilidad institucional y nula rendición de cuentas, el gobierno panista de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y su mayoría en el Congreso local anunciaron la continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre como el próximo Fiscal General del estado, contrario a estándares internacionales en materia de autonomía para los órganos de procuración de justicia”, se expone en el documento.

Entre los firmantes están Luis Alberto Ramos, del OCL,  el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A. C., el Centro de Desarrollo Indigena Loyola, A.C., Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, activistas como Celia Garza Vera, Casilda Barajas Rocha, Emma Aguado López, Raymundo Sandoval, académicos como Erika Nallely Gomez Velasco, Katya Morales Prado, Blanca Margarita Parra Mosqueda, Braulio Eduardo Amaro Guevara o Eduardo Vázquez Vela, entre otros líderes sociales.

 

Las peticiones

  • Al Congreso de la Unión: NO aprobar una reforma Constitucional que normaliza y perpetua la militarización de la seguridad pública. Respetar la Constitución vigente y acatar las sentencias de la CIDH para mantener la seguridad pública en la Fuerza Civil, así como un plan de retiro paulatino de las FFAA de las tareas de seguridad pública.
  • A Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato: Rendir cuentas sobre el gasto en materia de Seguridad Publica, y presentar un Plan de Criminalidad zonificado.
  • A los alcaldes y las alcaldesas de los 46 municipios y al gobernador de Guanajuato: fortalecer y certificar a las policías municipales, como parte de una estrategia de seguridad ciudadana.
  • A las y los diputados del Congreso del Estado: Dictaminar cuanto antes las iniciativas que modifican el pase automático en la Constitución mediante una metodología de Parlamento Abierto que contemple mesas de trabajo con sociedad civil para la discusión de la Ley de la Fiscalía General de Guanajuato.