Tras quince días sostenidos de violencia, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo parece que decidió finalmente dar un ‘golpe de timón’ y va contra el narco, aunque la federación no responda igual.

Ayer tres sicarios que participaron en la masacre de 27 jóvenes adictos, recluidos en un anexo de Irapuato, fueron detenidos por policías estatales. Previo al golpe, cinco policías de las FSPE fueron abatidos y en Celaya delincuentes hicieron arder negocios y asesinaron a cuatro personas.

Se anuncia la identificación de los tres principales implicados en el atroz crimen, en contra de quienes se solicitaron los mandamientos judiciales correspondientes; ya se encuentra detenidos”, tuiteó la noche de ayer la Fiscalía General del Estado (FGE); en unas horas más darán a conocer los detalles tras la detención por agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) y del Grupo Táctico de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

La espiral de violencia sostenida en los últimos 15 días es producto de la detención de la madre y 29 cómplices del narcohuachicolero José Antonio Yépez Ortiz (a) El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, luego de un operativo conjunto entre el estado y la federación que terminó en fracaso al liberarse a los delincuentes. Y mientras las autoridades de ambos gobiernos se culparon por las fallas y omisiones, los grupos de delincuentes reiniciaron el terror con balaceras, incendios y asesinatos.

Luego que el pasado viernes entró el primer camión blindado a Celaya para enfrentar a los grupos criminales, cinco agentes de las FSPE fueron asesinados en una emboscada en Jerécuaro; al día siguiente en Celaya, criminales incendiaron dos negocios y cometieron cuatro asesinatos

El último ataque de narcos en Guanajuato, ocurrió este sábado en Celaya donde mataron a cuatro personas e incendiaron dos negocios.

Las tensiones por los ataques criminales se han incrementado por las diferencias entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el segundo comenzó a pedir que se remueva al fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre por sospechar que pudiera está ligado a grupos criminales, algo que ya derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Zamarripa y los reclamos del Gobernador de Guanajuato para defender al fiscal local por lo que considera una ‘politización’ de las inseguridad.

El pasado viernes 5 de julio el Fiscal General Zamarripa se presentó ante diputados locales para explicar sobre el aumento de la violencia en el estado -que desde 2019 ocupa el primer lugar en homicidios producto de las guerra entre los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación-, asegurando que el problema es que nunca se hizo caso a los llamados de auxilio de Guanajuato que reportó a la federación y en mesas de trabajo conjuntas, desde 2016, el aumento de actividades de narcos y hucachicoleros en la entidad, sin obtener el apoyo para frenarlos.

“El origen de lo que ahora estamos viviendo es el huachicol, que es la perforación de ductos, es el trasiego la distribución compra y venta de hidrocarburo robado, ese es el origen. Que en unos primeros años como algunos han dicho, se dejó crecer, coincido plenamente con quien lo dice (el Presidente López Obrador), lo que rechazo de manera absoluta es que yo sea el responsable de ello, porque yo no soy el encargado de la refinería, ni soy el encargado del combate de este tipo de delitos.

“Sí, coincido en que se dejó crecer, coincido que hay una serie de actos que facilitaron su crecimiento, que aumentaron su incidencia y que cuando se quiso combatir o cuando un grupo contrario quiso llegar a tener un control, se produjo esta guerra que tenemos ahora entre esos dos grupos (los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación) (…) ese es el origen y coincido plenamente en que se dejó a crecer, pero no fue esta instancia y nosotros estamos atendiendo esta pugna”, fue la conclusión de Zamarripa Aguirre ante los diputados locales, tras enfatizar que el aumento de la violencia en Guanajuato comenzó en 2018.

Desde entonces la federación ha sido omisa en atender los problemas derivados de su competencia al ser delitos federales tanto el narcotráfico como el huchicoleo.

Mientras la FGR investiga al Fiscal General Zamarripa, en lugar de ir tras los narcotraficantes y huachicoleros, y el Presidente López Obrador sigue con su estrategia fallida de ‘abrazos y no balazos’ contra los grupos criminales, Guanajuato ya le ha declarado la guerra al narco.

La pasividad del Presidente López Obrador ha sido duramente criticada no sólo en el país, sino en el extranjero. Especialmente en Estados Unidos, país que incluso amenazó con una eventual intervención militar luego de la matanza de mujeres y niños de la comunidad mormona de la familia Lebarón, por narcos en Sonora en el mes de noviembre de 2019.

BICI