Para fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y combate a la delincuencia, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envió al Congreso del Estado dos iniciativas.

Con la Iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y la Iniciativa de Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios, el nuevo gobierno busca hacer realidad el ‘golpe de timón’ para regresar al estado la paz y la tranquilidad.

Es un compromiso mantener la paz y la tranquilidad a las familias guanajuatenses, con una nueva estrategia integral y un nuevo enfoque en materia de seguridad y procuración de justicia. Con estas iniciativas que hoy suscribo el mensaje es claro, somos un gobierno que cumple y que trabaja para garantizar la seguridad y el bienestar de las y los guanajuatenses.

Somos un gobierno de leyes, por eso estamos proponiendo un nuevo marco legal que ofrezca certeza y rumbo en el combate a la inseguridad, porque en Guanajuato vamos a devolver la paz a los guanajuatenses”, destacó el Gobernador.

Ambas iniciativas fueron entregadas por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, a la diputada y presidenta en turno del Congreso del Estado, Lorena del Carmen Alfaro García, y al secretario general del Congreso

Luis Ernesto Ayala, Lorena Alfaro y Christian Villegas.

La propuesta de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, tiene el objetivo de preservar el Estado de Derecho y la Seguridad Pública en Guanajuato, y expone principalmente, una nueva configuración del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que estaría integrado por el Consejo Estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema y la Comisión Estatal  de Secretarios o Directores de Seguridad Pública.

Se encargará de formular los programas estatales de seguridad pública y de prevención social de la violencia y la delincuencia; y habrá de ser la instancia superior del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en donde se incorpora al Presidente del Poder Judicial, un representante del Legislativo y los 46 alcaldes de la Entidad, además de 10 espacios para representantes de la sociedad civil y otros más para expertos en la materia.

Propone, también, la creación de la Comisión Estatal de Secretarios o equivalentes de Seguridad Pública, como parte del sistema estatal; también la integración de un Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal; incluye, además, la propuesta de crear el Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística Criminológica.

Rumbo a la especialización en las leyes referentes a la seguridad, se propuso la Iniciativa de Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y así establecer las bases de coordinación entre Estado y Municipios en materia de seguridad social de la violencia y la delincuencia

Con ambas iniciativas de ley el sistema de seguridad y procuración de justicia en Guanajuato será transformado de raíz.

Esta iniciativa se refiere al conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientados a reducir factores de riesgo de la violencia y delincuencia, así como combatir sus causas y efectos, siempre bajo los principios rectores de respeto a los Derechos Humanos; integridad, afirmatividad, diversidad, proximidad y corresponsabilidad; continuidad de las políticas públicas; participación ciudadana y comunitaria; transparencia y rendición de cuentas y la cohesión comunitaria y trabajo conjunto.

Establece atribuciones para que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo y para la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; también define responsabilidades para las administraciones municipales, quienes a su vez, deberán integrar gabinetes y programas afines para lograr sinergia.

El Secretario de Gobierno entregó también un documento con la ratificación del nombramiento de Marisol de Lourdes Ruenes Torres, como secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, que junto con las iniciativas del Ejecutivo, quedarán sobre la mesa legislativa para su análisis y estudio correspondiente para su debido dictamen.