Las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para perfeccionar el tipo penal de feminicidio.
La reforma busca homologar los tipos penales de feminicidio entre el Código Penal del Estado con los estándares internacionales y el Código Penal Federal, para conseguir una aplicación homogénea y funcional sobre este delito.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que la violencia contra las mujeres es una realidad que indigna y debe mover a la acción a la sociedad.
“La violencia contra las mujeres es una realidad que indigna y debe mover a la acción a la sociedad. No podemos permanecer en silencio mientras cada día mueres mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, y mientras los criminales evaden la acción de la justicia”, enfatizó.
Actualmente el delito de feminicidio a nivel local y federal tiene una pena vigente de 60 años; misma que está a punto de aumentar a 65 años con una nueva iniciativa que se ha enviado al Senado
La diputada Màrquez Alcalá expuso que el feminicidio era una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, por lo que entre las propuestas de modificación se plantea señalar de manera clara que se estará ante un caso de feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, lo que permitirá conocer cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y/o sexualidad de la víctima.
La propuesta del GPPAN propone establecer que existirá un feminicidio cuando el cuerpo de la víctima presente heridas en zonas vitales, traumatismos, estrangulamiento, cortes, puñaladas, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, escoriaciones, esto con la finalidad de evidenciar que las formas en que las mujeres son asesinadas delatan la saña y el desprecio al cuerpo y la vida de éstas.
También se contempla agregar la relación sentimental, en el entendido de que esta circunstancia permite tener en cuenta uno de los principales ámbitos donde las relaciones entre mujeres y hombre pueden basarse en la discriminación.
Márquez Alcalá precisó que, además, el sujeto que cometa el feminicidio perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, así como los relacionados con la patria potestad cuando hubiere hijos en común.
La diputada panista agregó que además la propuesta pretende establecer una sanción para los funcionarios públicos que retarden o entorpezcan, por negligencia u omisiones, la procuración o administración de justicia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
- Fotos: Especial/Congreso del Estado
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