El asesinato de tres hermanos menores de edad en San Miguel de Allende obligó a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato a investigar el caso. La ‘versión oficial’ se desmorona

 

El trágico suceso tuvo lugar el pasado sábado pasado en una finca ubicada en las inmediaciones de la carretera San Miguel Allende-Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad Ampliación Cieneguita. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tardó más de 40 horas en emitir un comunicado donde resuelve que fue el padre de los menores el presunto culpable. Y señalan también en su nota oficial que la madre de los niños acusó a su marido del crimen.

En su ‘versión oficial’ la PGJE sostiene que Antonio Luna, un velador y padre de los menores, fue el autor del crimen durante una balacera que se registró contra hombres armados que atacaron a los agentes ministeriales. Los testigos vieron otra cosa. La madre de los niños, Juana Luna, negó que acusara a su marido y denunció que los ministeriales prepararon la escena del crimen al poner en la mano de su marido el arma homicida. E indicó, además, que los oficiales le hicieron firmar papeles en blanco durante su interrogatorio y evitaron en todo momento que tuviera contacto con un abogado. Juana está libre ahora y desmiente la versión de la autoridad.

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La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) ya investiga este escabroso crimen. “Existe el compromiso pleno de llegar a las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades por las conductas de comisión u omisión, en que se haya incurrido si el resultado de las diligencias así lo desprenden”, expone la dependencia en un comunicado. Tras lamentar la muerte de los tres niños de 4, 8 y 11 años de edad, ocurrida durante la intervención de la PGJE, Derechos Humanos abrió el pasado domingo el expediente de queja oficiosa 04/17-D.

Entre las acciones inmediatas está el contacto con la madre de las víctimas y otros familiares para ofrecer apoyo institucional y psicológico. Se ha solicitado también una copia autentificada y acceso a la carpeta de investigación que abrió la PGJE, además de informes directos sobre el caso, tanto a la PGJE como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La subprocuradora de Derechos Humanos de la Zona D, Margarita López Maciel, se hace cargo en sitio de las investigaciones y coordina el equipo de agentes que realizan la tarea de campo para recabar los testimonios y robustecer la indagación. “Frente a esta lamentable circunstancia, la Oficina del Ombudsman desarrolla una investigación seria, objetiva y profunda”, expone el comunicado.

 

 

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