La Oficina del Ombudsman en Guanajuato, concibe el debate público como un ejercicio democrático para apuntalar la progresividad que deben caracterizar los derechos humanos, ya sea en la sede judicial, legislativa o de cualquier naturaleza.

La demanda de inconstitucionalidad 97/2017, promovida por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto de la reforma al artículo 33, fracción XI del Código Penal de Guanajuato, se suma a las presentadas por la CNDH en contra de normas análogas en los estados de Morelos y Nuevo León.

La acción promovida por la CNDH, grosso modo considera que estas reformas legislativas van en contra de la protección de las víctimas del delito, el derecho a la vida e integridad física de las personas, todo ello reconocido por la Constitución y tratados internacionales.

En razón de la importancia y alcance de la colisión de derechos que presenta la norma impugnada, es importante que sea un poder constituido, como el Poder Judicial de la Federación y su máximo órgano, el que realice el estudio concreto de la norma y defina si la misma resulta acorde al parámetro de regularidad constitucional, o si bien, es contraria a derechos humanos“, expone en un comunicado la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

La intervención del Poder Judicial de la Federación garantizará la imparcialidad y dará certeza sobre si son constitucionales o no las reformas impugnadas por la CNDH

La Procuraduría de los Derechos Humanos,  trabaja de manera coordinada con la CNDH en la defensa efectiva de las garantías fundamentales de todas y todos los guanajuatenses, por lo que este ejercicio de acompañamiento ha sido y es permanente“, se enfatiza.

La presentación de esta acción, según abunda la PDHEG es una oportunidad para que el tema sea discutido públicamente por expertos en la materia y puedan surgir resultados que deriven en una protección integral de los derechos humanos, de manera universal, progresiva, interdependiente e indivisible, conforme al mandato constitucional.

Esta postura de la PDHEG se da luego que la CNDH consideró inconstitucional la nueva reforma en Guanajuato donde se ampliaron los alcances a la legítima defensa, que ahora permite herir o matar al intruso -con lo que se tenga a mano sin mediar palabras o sin medir el alcance de la fuerza en legítima defensa- cuando exista el allanamiento ilegal a cualquier casa. Algo que antes estaba penalizado.